En este sentido, el regidor de Urbanismo del consistorio andritxol, Jaume Porsell, afirma que, tal y como se redacta en las alegaciones, “se debe considerar como algo positivo el inicio de una actividad turística en viviendas en suelo rústico protegido, tanto para la conservación paisajística de este suelo rústico protegido, como para el mantenimiento y mejora de estas viviendas, además de que contribuiría en la ansiada desestacionalización turística”.
Por su parte, la alcaldesa Katia Rouarch ha añadido que “un componente importante para la protección de los espacios naturales y sus valores paisajísticos es la conservación de las edificaciones existentes, y el hecho de que puedan ser objeto de una explotación turística facilita a sus propietarios su conservación y mejora, en lugar de una inexorable degradación por falta de uso que es lo que sin duda terminaría sucediendo”.
Por otro lado, desde el Ajuntament se reclama también que se permita la calificación de uso turístico de alojamiento a las zonas ZR2 (la calificación que se le ha otorgado al Puerto de Andratx al completo, correspondiente a las zonas costeras destinadas principalmente a vivienda de segunda residencia) o que, en su defecto, éstas tengan las mismas condiciones que las zonas ZR1 (áreas destinadas principalmente a viviendas de primera residencia).
Entienden desde el consistorio que la calificación de ZR2 sí se puede corresponder con las urbanizaciones, pero no con el resto del Port d'Andratx.
A su vez, se critica la prohibición que establece el PIAT enla implantación de nuevos hoteles rurales en suelo rústico, “lo que sin duda excede las competencias del Consell”.
El informe de alegaciones al PIAT recalca también reclama una regulación más clara sobre las actividades de mantenimiento y almacenamiento de embarcaciones, afirmando que “las actividades de mantenimiento de las embarcaciones, siempre dentro de las normas ambientales y de actividades aplicables, deberían ser posibles junto con las de almacenamiento de las embarcaciones”, así como una regulación menos restrictiva en relación al problema de las marinas secas.
Así, el punto mencionado solicita por un lado la reconsideración de la obligación de situar la actividad a una distancia máxima de 3 kilómetros de un puerto, “una medida demasiado restrictiva para el municipio teniendo en cuenta la configuración de su territorio, en lo que refiere a su orografía y a su tipo de suelo”. Por el otro, la posibilidad de almacenar embarcaciones únicamente con esloras de hasta 8 metros, ya que esta limitación “no solucionaría gran cosa puesto que son muchas las embarcaciones a almacenar que tienen esloras superiores”.
Finalmente, el pliego de alegaciones lamenta la escasa participación ciudadana en la elaboración del PIAT, así como la inexistencia de un estudio económico financiero real que garantice la viabilidad del plan, lo que obligará “una vez más a los ayuntamientos a asumir costes que deberían asumir otras administraciones”.
