En total el fraude a la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) se eleva a 1,1 millón de euros y afecta a un total de 4.700 expedientes de compraventa de vehículos de segunda mano en los que se ha cometido el fraude.
De este modo, la Guardia Civil ha desarticulado esta organización delictiva, que habría diseñado y puesto en marcha un sistema de fraude en la compraventa de vehículos y ha procedido a la detención de seis personas por delitos de falsedad documental, estafa, usurpación del estado civil y organización criminal.
Los arrestados habrían simulado a través de sociedades, "de forma coordinada y a lo largo de cuatro años", las compras y ventas de más de 4.700 vehículos y obtenido un beneficio económico derivado de este fraude de más de 400.000 euros.
La delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom, ha destacado el trabajo conjunto que han realizado las dos administraciones, que ha permitido recuperar 1,1 millón de euros a las arcas de la Comunidad Autónoma.
La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina, Cladera, por su parte, ha querido agradecer "el trabajo conjunto" de la Guardia Civil, Delegación de Gobierno y Govern para combatir el fraude fiscal.
Por su parte, la directora de la ATIB, María Antonia Truyols, ha explicado que, a partir de ahora, se hará un trabajo para "poner al día a estos contribuyentes". Así, "se pondrán en contacto con las personas que han hecho esta compraventa de vehículos para que paguen el impuesto", ha afirmado al respecto.
La operación Morabatí, se iniciaba a finales de diciembre de 2016, cuando los investigadores comprobaron como en distintos vehículos usados, figuraba en las bases policiales "baja temporal entrega a compraventa" por un periodo de un día, cuando estos vehículos habrían sido adquiridos entre particulares.
Durante la misma, comprobaron como la misma persona F.J.G. figuraba como "antiguo poseedor " de más de 4.700 vehículos desde el año 2014, y que la mayoría de las transferencias de estos vehículos habían sido realizadas a través de una gestoría ubicada en Palma.
Así, los investigadores se pusieron en contacto con la ATIB para informarse del posible fraude, abriendo de este modo una vía de investigación administrativa, que se sumaba a la penal ya iniciada con anterioridad.
