El Gobierno central, a través de sus servicios jurídicos, ha decidido llevar al Tribunal Constitucional la ley Balear de Cambio Climático, que prohíbe a partir de 2025 la venta de coches diesel, así como, para esa fecha, la entrada en las islas de vehículos con ese tipo de motor, procedentes de otras regiones.

El responsable político de Baleares, el socialista Marc Pons, ha dicho que están negociando con Madrid, y que defenderá esta ley donde haga falta, porque está convencido de su bondad. Madrid, por su parte, no hace declaraciones pero actúa en los tribunales.

Yo quiero pensar que Pons sabe que estamos hablando de una cuestión de imagen, inconducente, que caerá apenas un juez lo analice. No es posible que Pons conciba que las autonomías tengan la capacidad jurídica de determinar qué coches pueden o no pueden entrar en su territorio. Es muy loable la intención ambientalista de la ley, pero si fuera posible por este o por cualquier otro motivo que una autonomía impida la entrada en su territorio de un coche procedente de otra región, nos encontraríamos con la recuperación de las fronteras, una locura contraria al sentido común. En el caso de Baleares es relativamente sencillo este control, pero si nosotros tenemos la potestad jurídica de impedir la entrada de un determinado tipo de coches, también la tendría que tener Murcia o La Rioja o Asturias. O sea que estaríamos permitiendo que en los confines de cada región pueda haber especies de aduanas, en las que se determina si un coche --¿y por qué no un ciudadano?-- de otra región puede o no puede entrar.

Francamente, necesito pensar que Pons dice lo que dice por pura estrategia pero que realmente no cree que las autonomías puedan tener estas potestades. De lo contrario, el escenario de este país sería simplemente surrealista. Tener que recordarlo ya tiene algo de bochornoso, pero esperemos que esto no vaya a más. Por supuesto, nos conviene a todos, también a nosotros, que Madrid gane este litigio.