De este modo, la determinación del sector privado para acabar con este tipo de turismo de poca calidad, acompañado por la presencia constante de la Policía Local de Sant Antoni de Portmany y las batidas de inspección del departamento de Ordenación Turística del Consell de Ibiza, han conseguido reducir muy notoriamente los efectos de los excesos.
Así, la Oficina de Lucha contra el Intrusismo ha realizado 33 inspecciones específicas por velar por el cumplimiento del decreto de excesos, que se ha traducido en 17 expedientes abiertos por diligencias previas y 9 expedientes con propuesta de traslado al Govern, competente en la sanción en la mayoría de aspectos de este decreto.
Por otro lado, el Consell de Ibiza, no tiene, a día de hoy, constancia de ninguna inspección impulsada directamente por el Govern y, por lo tanto, no se ha dado por parte de la Comunidad, traslado de ningún expediente a la institución insular, que tiene las competencias en instruir sanciones relacionadas con los casos de 'balconing', la publicidad de prácticas denigrantes hacia las mujeres, la oferta de rutas etílicas, la publicidad de 'party boats' y la obligatoriedad de consumir las bebidas alcohólicas en el local. El resto de artículos del decreto son competencia del Govern balear a través de diferentes consellerías.
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, también se ha reunido con el alcalde de Ibiza, Rafel Ruíz, y el director general de Turespaña, Miguel Sanz, para tratar la cuestión de la ubicación de la sala de máquinas de la zona de spa y piscina del Parador de Ibiza.
Una reunión que ha servido para poner sobre la mesa las diferentes alternativas que propone el Consell para poder seguir con las obras, sin tener que modificar el proyecto y garantizando la conservación de los elementos excavados.
