Asociaciones ecologistas y vecinos de Palma reclaman a Cort que no permita el alquiler turístico
La entidad ecologista Terraferida y el Grup d'Ornitologia Balear (GOB) han hecho este viernes un reclamo al Ajuntament de Palma para que no se permita la masificación en la capital mallorquina, tanto de turismo como de edificación en espacios naturales.
De esta manera, se pide al equipo de Cort que no permita el alquiler turístico en Ciutat, proponiendo que todo el término municipal de Palma sea una única zona en la que el alquiler turístico de plurifamiliares esté terminantemente prohibido.
El GOB explica que es necesario que el Ajuntament garantice el acceso a una vivienda digna y que se respete el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que pretende regular el uso turístico de las viviendas -objetivo que está previsto en su planteamiento-. Ante su incumplimiento, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma presentó una moción que proponía que Palma fuese una zona única y no se permitiera el alquiler turístico, una propuesta aprobada en el pleno municipal por Podem, MÉS, las abstenciones de PSIB y PP y el voto en contra de Cs.
El Grup d'Ornitologia certifica que "desde el primer momento, la resolución del pleno no gustó al PSIB" y sospecha que "el informe técnico encargado por el área de Urbanismo es para cuestionar el acuerdo y, mediante la artimaña de la zonificación permitir, por poco que sea, el alquiler turístico.
De esta manera, el GOB, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Ciutat per qui l'Habita y Terraferida han presentado su manifiesto en la plaza de Cort, frente al consistorio, en el que explican que "dada la situación de saturación turística, de destrucción acelerada del tejido social y de emergencia habitacional", creen "necesario extender la prohibición de autorizar nuevas plazas" de alquiler turístico vacacional "a unifamiliares y suelo rústico del municipio de Palma".
LIMITAR LA CONSTRUCCIÓN EN URBANIZACIONES "FANTASMA"
Terraferida ha hecho referencia, de manera puntual, también a una cuestión que consiste en limitar, mediante el PGOU, la construcción de zonas edificables en Son Gual, Puntiró, Ses Fontanelles y Son Bordoy y desclasificar 211 hectáreas de espacios edificables.
