Su objeto es dar la oportunidad a todas las administraciones públicas a estabilizar, a través de concurso de méritos o concurso oposición extraordinario, todas las plazas que se encuentren en situación fraudulenta en su contratación culminando el proceso a final del 2024.
Esta ley establece que todas las plazas estructurales o programas, que comparten las mismas funciones recurrentes, que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 serán convocadas por concurso de méritos, y, las plazas ocupadas por 3 años antes 1 de enero de 2021 por concurso oposición extraordinario.
El Ayuntamiento de Palma convocó, a principios de 2023, a través de estos procesos unas pocas plazas que para nada se equiparaban al verdadero número de plazas que se debían convocar. No fue la única administración que no aplicó de forma correcta la ley estatal y de cumplimiento obligatorio. Por ello, el propio estado, que tiene que rendir cuentas a la Unión Europea por el incumplimiento de la aplicación de la Directiva 1999/70/CE, en junio de este año 2023 ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley, 5/2023, que recuerda y apremia a todas las administraciones públicas a cumplir con el objetivo de la Ley 20/2021 y conseguir la reducción de la temporal laboral por debajo del 8% y sancionar el abuso de la temporalidad en la administración pública como marca Europa.
El Consistorio no solo incumplió lo que se establece en la Ley 20/2021 sino que ha publicado la oferta de empleo público para el 2023 obviando las plazas que reúnen los requisitos y que deben salir a concurso de méritos según la Ley 20/2021 y el posterior Real Decreto Ley 5/2023.
El sindicato ATAP, con pruebas que demuestran sus argumentos, tras una reunión con la Regidora de Función Pública, el pasado mes de noviembre, consiguió que el Consistorio reconociera, apenas, la existencia de 15 plazas que cumplen los requisitos para la aplicación de la Ley 20/2021. Estas plazas son del todo insuficientes. Según los datos que maneja el sindicato ATAP, estaríamos hablando de al menos 170 plazas. Estas plazas han sido identificadas por los propios trabajadores por la poca colaboración que se ha encontrado en el Consistorio. Desde ATAP se ha solicitado de forma reiterada listados de las plazas y trabajadores interinos y cesados en sus funciones, que cumplen los requisitos de la ley, sin haber obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento de Palma.
Esperemos que el Consistorio reevalúe todas las plazas y que incluya in extremis en la oferta extraordinaria de estabilización todas las plazas que cumplen con los requisitos de la Ley 20/2021 para cumplir con dicha ley y los requisitos de la Unión Europea de reducir la temporalidad laboral en la administración pública por debajo del 8% antes del final del año 2024.
