Así se refirió el dirigente durante una multitudinaria comparecencia ante los medios para abordar el denominado 'Caso Negreira', sobre los pagos realizados por el club durante diecisiete años al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).
«El escrito de la Fiscalía tampoco ha podido demostrar que los pagos hayan podido influir en la elección de los árbitros o en algún resultado deportivo. No lo han podido demostrar porque no era posible», insistió.
Laporta comentó que la estrategia del club es «defender su honorabilidad» y solicitar que se investigue hasta final, porque considera que en este caso «el Barcelona sería víctima de esta situación» y explicó que «otra cosa sería que personas físicas hayan aprovechado este contexto para beneficiarse».
El presidente del club azulgrana aseguró que estas empresas que aparecen en la causa y que «vienen del señor (Josep) Contreras -exdirectivo en la etapa de Joan Gaspart-» aparecieron cuando él no estaba al frente del club.
«Estuvieron facturando al club desde 2013 hasta al 2018 y con otra empresa entre 2015 y 2018. No tengo una razón personal para de forma apriorística dudar de los presidentes que me sucedieron. La hipótesis en este caso el Barça sería persona perjudicada», insistió.
Considera el dirigente que el objeto preciso de la polémica es «el asesoramiento técnico arbitral» y «este hecho de recibir un asesoramiento técnico y arbitral de estas personas no constituye nada ilícito y ni mucho menos un delito penal».
«Los clubes en general ya lo tienen internalizado. Tenemos a una persona que nos hace este asesoramiento. Lo hicimos con claridad y transparencia. Este asesoramiento esta reflectado con facturas, vía transferencia, que han pasado las revisiones fiscales pertinentes. Del 2003 y 2010 no ha habido ninguna ocultación. Estaban reflejado en la contabilidad del club y de forma clara y transparente», insistió.
Según el informe realizado por los servicios externos contratados por el club y ofrecidos durante la rueda de prensa, «no se han identificado conductas con relevancia penal vinculadas con el delito de corrupción deportiva» ni hay ningún indicio de afectación al 'fair play' de las competiciones «ni se dan criterios para estudiar modalidades delictivas vinculadas al soborno». En cuanto a las prestaciones efectuadas por las empresas y personas investigadas «se trata de servicios de asesoramiento deportivo - scouting y asesoramiento arbitral- que son habituales en el deporte profesional».
En el citado informe se recoge que existen evidencias de la prestación de los servicios al existir «documentación oficial de facturas y pagos».
El importe de las facturas es variable, según los informes, en función del número de competiciones que se analizaban. «La contraprestación podría haber sido pactada anualmente y facturada con periodicidad mensual con variaciones por razones de servicios adicionales como competiciones internacionales», señala.
La documentación obtenida reúne 629 informes técnico-arbitrales más 43 cds y 4 informes diversos. «Evidentemente falta más documentación física antigua, ya que normalmente (la documentación) se destruye al cabo de cinco años de almacenamiento», detalla el informe.
Cuestionado por el aumento de emolumentos en la parte final de su mandato, Laporta aseguró que en el último se incrementaron porque hubo «más estudios de 'scouting' porque hubo más competiciones deportivas».
«(La empresa auditora) KPMG aseguró que era por unos servicios de scouting que existían y estaban documentados y se incrementaron porque hubo más trabajo. En el computo global de ese año fue más elevado», insistió.
