Las obras ilegales detectadas por los inspectores de Gestión consisten en edificaciones de 900 metros cuadrados de superficie de nueva planta y de un porche de nueva planta con una superficie de 150 metros cuadrados. Ambas construcciones son contrarias a la ordenación territorial y urbanística, y han sido ejecutadas sin el título habilitante, dentro de una zona catalogada como suelo rústico protegido Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección y dentro de suelo rústico protegido dentro de una Área de Protección Territorial de Costa.
"Con esta orden de demolición, el Consell Insular de Ibiza sigue dando pasos para que la impunidad en suelo rústico desaparezca. Ya se han demolido cinco construcciones ilegales en suelo protegido gracias a los expedientes abiertos durante este último tramo de legislatura, momento en el que nos hemos centrado en actuar en suelo protegido y en el litoral. Los infractores tienen que saber que, a parte de enfrentarse a un derribo, en algunos casos se enfrentarán también a penas de prisión, puesto que también estamos tramitando denuncias penales en el juzgado. La impunidad se ha acabado", ha manifestado el vicepresidente primero y conseller insular de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viales, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo.
El Consell ha otorgado un plazo de un mes a la persona sancionada para presentar ante el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia el correspondiente proyecto de restablecimiento de la zona. Además, la institución insular advierte de que el incumplimiento de la orden de restablecimiento de la realidad física alterada, una vez sea firme, da lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y con una cantidad, en cada ocasión, de 10.612,72 euros.
Así, una vez transcurrido el plazo señalado para que la persona interesada cumpla voluntariamente la orden, el Consell Insular de Ibiza puede llevar a cabo la ejecución subsidiaria de la orden de restablecimiento a costa de la persona interesada; ejecución que procede, en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.
El departamento de Territorio recuerda que, con esta orden de demolición, ya son cinco las ordenadas en lo que va de legislatura, demostrando así el compromiso del actual equipo de gobierno para proteger la legalidad en el suelo protegido de Ibiza. Además, el departamento ha denunciado ante los juzgados penales un total de seis infracciones graves por posible delito contra la ordenación del territorio.
