La investigación, que ha contado con la colaboración de Europol, ha desmantelado una organización criminal que se lucraba con la explotación sexual de las víctimas y la venta de estimulantes sexuales para incrementar sus beneficios económicos. El entramado les imponía un régimen de esclavitud, obligándolas a estar siempre disponibles y vigilando su actividad. Además, debían realizar servicios como “escort”, para lo que los miembros de la red las trasladaban y controlaban en todo momento.
Captadas a través de compatriotas
La organización captaba a sus víctimas en su país de origen a través de compatriotas de nacionalidad china. Los implicados les ofrecían viajar a Europa y les cobraban unos 15.000 euros en concepto de gastos de viaje que debían abonar la persona que las recibía en Polonia. En ocasiones, esta misma persona les obligaba a pagar 400 euros al mes adicionales en concepto de gastos de seguridad social, dado el supuesto empleo que les ofrecían en ese país.
El entramado aportaba contratos de trabajo fraudulentos con intención de tramitar los visados para que las víctimas entraran en el espacio Schengen de manera irregular. Una vez en Polonia, trasladaban a las víctimas a Mallorca bajo el pretexto de un supuesto trabajo, dado que se encontraban en situación de precariedad económica, diciéndoles que podrían ganar mucho dinero. Cuando llegaban a Palma, eran trasladadas a los pisos de citas, donde eran obligadas a ejercer la prostitución para pagar la deuda que habían contraído. En España las víctimas permanecían en situación irregular, lo que, unido al desconocimiento del idioma español, incrementaba su dependencia a la organización.
Los integrantes de la organización desarrollaban su actividad esencialmente en la provincia de Palma. La principal responsable contaba con una red de implicadas que pernoctaban en los pisos para controlar los servicios sexuales y recaudar los beneficios de la explotación sexual. Las condiciones bajo las que debían ejercer la prostitución eran abusivas, tratando a las víctimas como esclavas, debiendo estar disponibles las 24 horas del día y los siete días de la semana, sin poder rechazar a ningún cliente.
Las mujeres obtenían como máximo la mitad de los beneficios obtenidos por su explotación y apenas podía salir de la vivienda para no levantar sospechas entre los vecinos del edificio. Además, debían realizar servicios como “escort”, para lo que miembros de la organización las trasladaban en vehículo o pedían taxis, controlando en todo momento los tiempos de estos servicios y eran monitorizadas de manera permanente a través de cámaras de videovigilancia.
Captadas a través de una app de mensajería instantánea
Los implicados captaban a sus víctimas utilizando una aplicación de mensajería instantánea y empleaban diferentes webs de contactos para publicitar los servicios sexuales, siendo los miembros de la organización los que atendían a los clientes que llamaban para concertar los encuentros sexuales.
Los integrantes del entramado criminal se lucraban también con la venta de vigorizantes sexuales, para que los servicios tuvieran una mayor duración y reportaran aún mayores beneficios. Canalizaban estas ganancias a través de una empresa de hostelería, que era propiedad de la principal responsable de la organización, cuya actividad primordial era la de mantener una apariencia legal que justificara los beneficios obtenidos de la explotación sexual de las víctimas.
La investigación ha culminado con la liberación de 13 víctimas de explotación en la ciudad de Palma y 17 detenidos en Madrid, Palma, Barcelona y Polonia (1), como presuntos responsables de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución y pertenencia a organización criminal. Se han realizado siete entradas y registros, seis en Palma y una en Barcelona en los que se han intervenido 15.000 euros en efectivo, 14 teléfonos móviles y otros dispositivos, así como documentación relacionada con la investigación.
Con la trata no hay trato
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.
