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Más de 400 millones de euros ha pagado el Govern en indemnizaciones a promotores urbanísticos por las leyes de Antich

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Más de 400 millones de euros han costado a las arcas públicas de Baleares las leyes urbanísticas de Francesc Antich. Las leyes de su Govern de izquierdas prohibieron desarrollar las urbanizaciones ya aprobadas y, después, han provocado un alud de sentencias. Los tribunales, de forma consecutiva y siempre en la misma dirección, declaran que el ejecutivo balear se extralimitó y perjudicó los derechos adquiridos de los promotores. La última sentencia obliga ahora a pagar al Govern 96 millones de euros a Matthias Khün.

Casi tres lustros después, una decisión del Govern socialista de Francesc Antich, que desclasificó terrenos urbanizables en rústicos, ha provocado que las arcas autonómicas hayan tenido que abonar cerca de 400 millones de euros en diferentes indemnizaciones. La última es la que el ejecutivo autonómico tendrá que pagar al empresario alemán Matthias Khün por la desclasificación de los terrenos de la Muleta del Port de Sóller en el año 2008. 

La sentencia del Tribunal Supremo obliga al Govern a pagar 96 millones de euros al empresario como indemnización por la protección de La Muleta, en Sóller, lo que  provocará un agujero a las arcas autonómicas.

 Aunque no será así, en las finanzas de las empresas de Khün. La resolución del Supremo permitirá que las empresas del promotor alemán dejen de estar en concurso de acreedores, entre ellas, Birdie Son Vida SL, que es la titular de los derechos de la Muleta. De hecho, esta indemnización permitirá que salgan de esta situación y, aún así, le sobrarán unos 90 millones de euros. 

En concreto, el promotor pretendía construir una urbanización de lujo en los terrenos de La Muleta del Port de Sóller. Sin embargo, por decisión del ejecutivo socialista de Francesc Antich pasaron a ser rústicos y protegidos, lo que dio lugar al inicio del procedimiento contencioso. 

La indemnización de los 96 millones que el Govern tendrá que pagar a Khün por no poder ejecutar la obra debe abonarse en un plazo de dos meses , según la sentencia del Supremo.

En este sentido, desde el ejecutivo autonómico lamentan la irresponsabilidad del govern de Francesc Antich, por desclasificar los terrenos a sabiendas que tendría consecuencias millonarias para las arcas públicas. Con todo, el Govern cumplirá con la sentencia y abonará el pago sin comprometer inversiones o infraestructuras fundamentales. Según la presidenta del Govern, Marga Prohens, el PSIB debe pedir perdón a los ciudadanos ya que la sentencia a favor del empresario alemán compromete las cuentas de cualquier administración. 

 

Actualizado: 8 de marzo de 2024 , , ,

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