Entre ellas destacan: la partida de veinte millones de euros para aplicar la libre elección de lengua así como la eliminación del impuesto de patrimonio. Pero estas son solo algunas de las medidas, a continuación les detallamos la letra pequeña de este acuerdo.
Empezamos por la que sin duda más polémica ha generado y también la que mayores discrepancias ha propiciado entre Partido Popular y Vox: los veinte millones de euros para la aplicación de la libre elección de lengua en las aulas. Una medida, recordar, que se materializará a través de un plan piloto de carácter voluntario y que se aplicará a partir de Educación Primaria en los centros educativos de baleares en el próximo curso. Esta partida se sumará al presupuesto global de la Conselleria de Educación.
Y seguimos en materia educativa, Vox también ha conseguido una partida de doscientos mil euros destinada a inspección educativa con el objetivo de aumentar el número de inspectores. La enmienda de Vox dice textualmente que esta dotación económica debe servir "para asegurar la ausencia de intromisiones ideológicas y adoctrinamientos en las aulas».
Otra de las medidas que contempla el acuerdo entre Partido Popular y Vox es la supresión del impuesto de patrimonio. El Govern ha aceptado eliminar este impuesto a los más ricos que hasta ahora pagaban los ciudadanos con bienes con un valor superior a los setecientos mil euros, sin contar la vivienda habitual.
A partir de ahora solo lo pagarán aquellos con bienes superiores a los tres millones de euros, lo que supone prácticamente su total supresión, ya que la mayor parte de los contribuyentes quedarán exentos.
De esta lista de medidas también se desprenden desgravaciones por alquiler y por el cuidado a dependientes. Concretamente, una desgravación del 30% de los ingresos de los propietarios que alquilen sus viviendas hasta un máximo de 3.600 euros. También se ha aprobado una enmienda para desgravar el 40% de los gastos que dediquen las familias al cuidado de personas dependientes ya sea para pagar a cuidadores o residencias.
Pero sin duda una de las peticiones de Vox que más controversia ha generado ha sido la eliminación de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales. Unas ayudas que se elevaban a 400 mil euros y que estaban repartidas entre CAEB, PIMEM, UGT y Comisiones Obreras.
A esta lista de medidas hay que añadir la creación de la oficina de defensa para las víctimas de okupación ilegal y ayudas a quienes sean objeto de estas okupaciones. Todo ello contará con una dotación económica de un millón de euros. En materia de vivienda, también se destinarán tres millones de euros para el programa alquiler seguro.
