Desde que estalló la pandemia, el Consejo de Transparencia del propio Gobierno de España ha pedido 25 veces al presidente Sánchez, sus cuatro vicepresidentes y a los 18 ministros que eliminen opacidades provocadas por ellos mismos e informen de forma fehaciente a la ciudadanía sobre contratos, cargos, responsabilidades y gasto público.
25 reclamaciones que han ido a algún archivo oscuro y secreto ya que ninguna de ellas ha merecido el mínimo esfuerzo de transparencia de los 23 altos cargos del ejecutivo español o de alguno de su millar de asesores.
La última exigencia del Consejo de Transparencia al Gobierno de Sánchez e Iglesias es la lista de nombres y afiliaciones de los presuntos asesores científicos que han ido marcando el camino del Ejecutivo en la gestión de la pandemia.
Una lista que, a día de hoy, uno de diciembre, es todavía un misterio muy bien escondido por el doctor Fernando Simón y el ministro Salvador Illa.
No han querido dar ningún nombre. ¿Había algún experto? ¿Existía el Comité de Científicos independientes de los poderes políticos que velaban por la buena gestión de la pandemia? No, no existía, todo era una gran mentira, que, como todas las mentiras, ha quedado al descubierto.
Todos los españoles sabemos que durante estos meses sufriendo la COVID-19 nos han querido engañar desde el Gobierno de España. El Comité de Transparencia pide esto: transparencia a nuestros políticos colocados por nosotros en sus tronos que ahora calientan.
Y si no quieren hacerlo voluntariamente, si no quieren ser transparentes, si no gozan publicar la lista de presuntos expertos que un día están y al otro han desaparecido, el siguiente paso para lograr que se complete el derecho constitucional a la transparencia será ir a reclamar justicia a los tribunales.
