El 'escorxador' es municipal y su actividad, históricamente siempre deficitaria, es considerada como un servicio de interés económico general. La explotación del servicio está en manos de la empresa 'Escorxador i Serveis Càrnics' desde 2012, cuando se firmó un acuerdo de ayuda entre la adjuticataria, el Govern y Cort. Una vez finalizado el convenio, en 2017, arrancaron los problemas.
Las ayudas de la Conselleria de Agricultura se han mantenido gracias al FOGAIBA, pero no ha pasado lo mismo desde el Consistorio de Palma. El equipo de gobierno de José Hila se niega a pagar ningún tipo de compensación por el déficit natural de la actividad del matadero, que concentra más del 60 por ciento de la carne de las Balears.
Desde el Ajuntament se propone rebajar el precio del alquiler de las instalaciones, una medida bien vista desde 'Escorxador i Serveis Càrnics', pero inútil para hacer frente a la deuda de más de 600.000 euros que acumula la concesionaria y que le empuja a cerrar sus puertas a final de mes.
Este cierre significaría el fin de la ganadería en las Illes, afectando también a otros sectores. Así lo ha manifestado Antoni Gayà, presidente de AFEDECO, quien ha pedido que se dejen de lado los colores políticos y los interese particulares. El deseo de Gayà es que todas las partes implicadas trabajen de manera conjunta para evitar así el cierre definitivo del matadero.
