El hombre, que se ha acogido a su derecho a no declarar, se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel después de que el Ministerio Fiscal haya elevado sus conclusiones a definitivas.
En el juicio, la defensa ha pedido la absolución de su cliente y la nulidad del proceso porque considera que en la investigación del caso, que fue descubierto por la Policía Metropolitana de Chile, se ha incurrido en la vulneración de su derecho a la intimidad al acceder "a sus datos personales sin autorización".
Además, según el abogado defensor, por parte de este cuerpo policial se indujo a su cliente a delinquir (delito provocado) al poseer el material pornográfico que luego el acusado se descargaría mediante un programa de intercambio de archivos entre usuarios (P2P). La Fiscalía ha pedido al tribunal de caso que desestime lo requerido por el abogado defensor y mantiene su petición de ocho años de pena de cárcel.
En el juicio, han intervenido dos agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo el registro que tuvo lugar el 12 de abril de 2016 en Palma. Estos han explicado que "fue un registro fácil" en el que "no hubo que indagar" porque el acusado "lo tenía todo a la vista", se mostró "colaborador" e incluso les facilitó la contraseña de su ordenador.
