El Gobierno endurece la regulación de los medios de comunicación con sanciones de hasta 200.000 euros

El Ejecutivo ha incluido en su Anteproyecto de Ley de gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación un conjunto de sanciones económicas que podrán alcanzar los 200.000 euros para aquellos medios que incumplan la normativa. Según el documento al que ha tenido acceso The Objective, esta nueva regulación establece obligaciones para los diarios, radios y televisiones, incluyendo la inscripción obligatoria en un registro y la actualización de sus datos.

Multas por incumplimiento

Las sanciones contempladas en el anteproyecto prevén multas de hasta 100.000 euros para los medios que no se inscriban en el registro estatal o autonómico correspondiente, que no mantengan sus datos actualizados o que se nieguen a proporcionar información adicional requerida por el Gobierno. En caso de que se lleven a cabo operaciones de concentración sin notificación previa, también se impondrán sanciones dentro de este rango.

Si un medio incumple un dictamen emitido por un organismo público sobre concentraciones, la sanción podrá elevarse hasta los 200.000 euros.

La CNMC supervisará el cumplimiento

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será el organismo encargado de velar por el cumplimiento de esta normativa. Para ello, contará con dos nuevas direcciones: la de Servicios Digitales y la de Medios de Comunicación, que se sumarán a las ya existentes en materia de competencia, telecomunicaciones, audiovisual, energía, transportes y sector postal.

Además del registro estatal, se crearán registros autonómicos para medios que operen a nivel regional. Deberán inscribirse en el registro estatal aquellos medios que presten servicios en más de una comunidad autónoma o que sean gestionados por entidades del sector público institucional estatal. En cambio, los medios de ámbito autonómico deberán registrarse a nivel local si su sede central y toma de decisiones se encuentran en una comunidad autónoma específica, y si sus contenidos están dirigidos mayoritariamente a esa región.

Datos obligatorios en el registro

Los medios deberán proporcionar y actualizar periódicamente cuatro grandes grupos de datos:

1. Su denominación legal y datos de contacto.
2. Los nombres de los titulares directos o indirectos que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia en la toma de decisiones.
3. Los nombres de los titulares reales que tengan el control y la máxima propiedad de la compañía.
4. El importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal y los ingresos por publicidad recibidos de entidades públicas de terceros países.

El registro estatal estará gestionado por la CNMC, mientras que las sanciones podrán imponerse tanto desde este organismo como desde el Ministerio de Transformación Digital y las autoridades competentes de cada comunidad autónoma.

Control sobre la concentración de medios

El anteproyecto otorga a la CNMC la competencia para evaluar el impacto de las operaciones de concentración en el pluralismo y la independencia editorial. En el caso de fusiones dentro de un ámbito autonómico, serán las autoridades regionales las encargadas de determinar su impacto.

Medición de audiencias bajo supervisión

El anteproyecto también establece sanciones para los proveedores de sistemas de medición de audiencias que no cumplan con los estándares de transparencia, imparcialidad y verificabilidad.

Las infracciones leves, como no notificar una concentración exigida por la CNMC, podrán acarrear multas de hasta 50.000 euros. Las infracciones graves, como la falta de inscripción en el registro o la omisión de datos requeridos por el Ejecutivo, serán sancionadas con hasta 100.000 euros.

Con esta nueva normativa, el Gobierno busca reforzar el control sobre los medios de comunicación y garantizar la transparencia en la propiedad y financiación de las entidades informativas en España.