Aprobada inicialmente la ordenanza cívica de Palma a pesar de las protestas de diversas entidades ciudadanas
El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves de forma inicial la nueva ordenanza cívica de la capital balear.
Una normativa que ha contado con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de la oposición. Una votación en la que han estado presentes entidades ciudadanas que han acudido a Cort para protestar. Unas protestas que también se han producido a las puertas de la casa consistorial.
Una ordenanza que fue presentada por el alcalde, Jaime Martínez, a finales del pasado noviembre y que desde entonces ha sido criticada de forma insistente tanto por los grupos de la oposición como por distintas entidades ciudadanas. Entre otras medidas, esta normativa establece nuevas sanciones y regulaciones para limitar el uso de autocaravanas como viviendas, las visitas guiadas de más de 20 turistas, la circulación en patinetes o la actividad de artistas callejeros.
Esta mañana, en el pleno municipal, la ordenanza ha superado su primera votación con el apoyo de Partido Popular y Vox. El regidor de Seguridad Ciudadana ha defendido que tiene un claro enfoque preventivo y que fomenta el diálogo. Por su parte, Vox ha afirmado que la ordenanza no pretende criminalizar a nadie sino protegernos de los criminales, en palabras de Fulgencio Coll. Mientras desde la izquierda han insistido en que es una normativa represiva y antidemocrática.
Paralelamente a la aprobación inicial de esta normativa en el pleno municipal, a las puertas del Ayuntamiento se ha producido una protesta encabezada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, caravanistas y artistas callejeros que han mostrado su rechazo a esta normativa que pretende aprobar Cort en marzo. Son muchos los testimonios de personas que se ven obligados a vivir en una caravana debido a la dificultad de acceder a una vivienda como es el caso de Begoña y Charo.
Tras esta aprobación inicial, se abrirá un periodo de exposición pública en el que la sociedad civil podrá formular alegaciones. La aprobación definitiva está prevista para finales de marzo.
