El PP de Company se posiciona contra Maria Salom por la carrera profesional
División en el PP balear por la carrera profesional. El Grupo Parlamentario Popular encabezado por Biel Company ha presentado una enmienda para dar cobertura legal al pago del complemento de la carrera profesional a los funcionarios de los consells y de los ayuntamientos, a través de la modificación de la Ley de Función Pública de Baleares.
Y es que la carrera profesional se encuentra paralizada después de que Delegación de Gobierno con Maria Salom, también del PP, al frente, ha interpuesto un contencioso administrativo contra este complemento salarial.
Según ha detallado en un comunicado la formación, el acuerdo, adoptado en la Ponencia de la Ley de Simplificación del Ordenamiento Legal y Reglamentario de la CAIB, se elevará ahora a la Comisión de Asuntos Institucionales para elaborar el dictamen correspondiente.
Con esta medida, el pago de la carrera profesional a los funcionarios de la administración insular y local, suspendido de manera cautelar a resultas de un recurso contencioso administrativo presentado por la Delegación de Gobierno en Baleares, tendría la cobertura legal necesaria para su abono a los funcionarios afectados.
La enmienda recoge que "todos los pactos y acuerdos de las administraciones locales de Baleares relativos al desarrollo de la carrera profesional horizontal suscritos después de la entrada en vigor del Estatuto básico del empleado público que se ajusten a las previsiones de la Ley 3/2007 de la Función Pública de la CAIB se consideran válidos".
Asimismo, en relación a este asunto, el Grupo Popular en el Consell de Mallorca también presentará una moción extraordinaria y urgente sobre la carrera profesional que se debatirá este jueves en el pleno convocado por la institución insular.
Con esta moción, se insta a todos los partidos políticos con representación parlamentaria a apoyar dichas medidas para garantizar la cobertura legal necesaria para poder desbloquear la suspensión del pago del complemento de la carrera profesional a los empleados de la administraciones insulares y locales.
Además, se insta a la Delegación del Gobierno a retirar el contencioso administrativo interpuesto y al cumplimiento de la carrera profesional como un derecho legítimo del personal.
