Dado que estas cuestiones las dirime la Comisión de Ética Pública, Anticorrupción ha propuesto que se valore este caso y reclama a la directora general que devuelva el dinero recibido por el plus.
Desde la Oficia Anticorrupción han explicado que detectaron que, poco después de elecciones de mayo de 2019, Riera cambió su empadronamiento de Palma a Eivissa. Tras requerir a la directora general de Innovación cierta documentación, la Oficina constató que tenía una vivienda en alquiler en la capital balear.
Ante estos hechos, Anticorrupción ha concluido que, aunque no se haya incumplido la norma, se ha producido una vulneración del código ético del Govern, al considerar que no se debería haber solicitado este plus al tener una vivienda en propiedad en Palma.
Durante la presentación del proyecto de los Presupuestos autonómicos para 2021, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, explicó que el plus de 22.000 euros ya no estará disponible para altos cargos que residan en la Península, sino sólo para aquellos que residan en otras islas que no sean la sede del Ejecutivo balear, es decir, fuera de Mallorca.
