El balance económico es catastrófico. Este año las cuentas de resultados serán todas negativas, en números rojos. También las de las empresas que gestionan las concesiones administrativas del Ajuntament de Palma en las playas de Ciutat.
Unas empresas que se han visto obligadas por Cort a abrir los chiringuitos, a colocar las sombrillas y a poner la hamacas sobre la arena pese a los escasos turistas que nos han visitado. Y, eso sí, bajo la amenaza de tener que pagar los cánones económicos de unos negocios que no han ingresado ni de lejos aquello que habían previsto.
Para compensar todo esto, el propio Gobierno ya decretó el pasado 17 de marzo una regulación especial para todas las concesiones administrativas de las instituciones públicas que se podrían ver perjudicadas por los cierres obligados por la pandemia.
En este decreto y a un informe posterior de la Abogacía General del Estado, se recomienda recortar los cánones económicos, compensar automáticamente a las empresas concesionarias para sus pérdidas o alargar los plazos de las concesiones.
Esto es lo que reclaman los empresarios que gestionan las playas de Palma a Cort. Una reclamación que, pese a los meses pasados, no han obtenido por ahora, ninguna respuesta.
En este sentido, el regidor de , Alberto Jarabo, ha asegurado que "ahora que ya sabemos exactamente cuánto son las pérdidas que nos mandasen un balance de su situación, que es lo que se está estudiando" y ha añadido que "a partir de aquí haremos un informe sobre estas pérdidas y se propondrá en Junta de Govern una solución que irá en esta línea inicialmente pactada que pasará por prorrogar esta concesión unos años más, según la cuantificación de las pérdidas".
El Ajuntament de Palma será el que, finalmente y de forma unilateral, decidirá cuáles son las compensaciones que obtendrán las empresas concesionarias que gestionan los servicios y la limpieza de las playas de Ciutat.
