Así, ha explicado que cuando dijo que la Fiscalía "no se implica en resolver estos casos" no se refiere a la globalidad de los casos de explotación sexual de menores sino a su participación en la última fase de las cuatro que establece el Protocolo de explotación sexual infantil de Balears, la referida al seguimiento de los casos.
En esta fase participan todas las administraciones públicas que forman parte del protocolo, las entidades que trabajan en el territorio y, en algunos casos, la Policía, pero no la Fiscalía.
Así, la consellera ha reconocido en todo momento la tarea de cada uno de los trabajadores que forman parte de la Fiscalía y los Cuerpos de Seguridad del Estado. Sobre todo, ha querido poner en valor el papel que está desarrollando la Policía en el desmantelamiento de los pisos y organizaciones de explotación sexual de menores en Mallorca.
No obstante, insiste que es necesario que la Secretaría de Estado de Seguridad dictamine que la búsqueda de jóvenes fugados de los centros de menores se considere de "alto riesgo" como se ha solicitado reiteradamente desde las diferentes instancias de Baleares.
En este sentido, ha matizado que cuando dijo que la Policía no considera que estas búsquedas sean prioritarias, se refiere "exclusivamente" a la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad mencionada, en la que se especifica que la acción policial sobre la búsqueda de menores de edad fugados o de retorno a los centros no es prioritaria.
En términos generales, ha dicho que lo que quiso explicar en la comparecencia es que "todos" deben "hacer piña" para que la lucha contra estos delitos tan graves sean una prioridad social. "Tenemos que trabajar todos juntos para dar una solución lo más rápido posible a una problemática social tan compleja", ha expresado.
Ante la Diputación Permanente, la consellera se comprometió a seguir trabajando para concienciar a toda la sociedad de esta problemática. Por eso, se mantendrá la formación selectiva y dirigida a todos los profesionales trabajan directamente con menores.
En paralelo, se convocará una mesa de expertos para tener información actualizada y constante de la situación y se seguirá trabajando con la revisión del protocolo. Además, ha explicado que se desplegará la ley de la Infancia y la Adolescencia y se seguirá trabajando en coordinación con los consells.
Asimismo, Santiago ha pedido un plan estatal específico para luchar contra esta lacra. Esto pasa por pedir al Estado la modificación de la instrucción de la Secretaría de Estado sobre la desaparición de los menores de edad para que se considere de alto riesgo la desaparición de menores de los centros; que se aumente la dotación de fiscales y jueces de los menores y aumentar la dotación de los miembros y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En respuesta al fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, que ha defendido la actuación de la Fiscalía ante los presuntos casos de explotación sexual a menores tutelados en Mallorca, Santiago ha reiterado que sus palabras de la comparecencia se malinterpretaron.
En declaraciones a los medios de comunicación en Eivissa, Santiago ha abundado en que sus manifestaciones se referían a que en la fase número cuatro, la relativa al seguimiento de los casos, la Fiscalía "no se implica".
Según Santiago, "de forma inadecuada" pretendía referirse a que Fiscalía no se implicaba en la cuarta fase de seguimiento porque en ella se realizan reuniones entre el Govern, el Consell, entidades que intervienen y se repasa caso por caso y "ellos aquí, la Fiscalía de Mallorca no se implica".
La consellera ha afirmado que existe un "problema social" y que "Balears ha sido la primera" en darlo a conocer, pero "no es la única Comunidad que lo tiene". Por ello, ha pedido la implicación de todos para "perseguir" este problema de forma constante y evitar que crezca.
Así, ha señalado que "hay que aprovechar que ha surgido este caso para poner recursos y coordinación institucional para perseguirlo y dificultar la captación de las niñas y reducir la demanda".
Santiago ha recordado que el Govern no tiene competencias en la tutela de menores y que ella no tiene autoridad administrativa para solicitar expedientes, puesto que dependen del Consell. Además, ha defendido la labor realizada en la materia desde el Ejecutivo balear y, por lo tanto, "no tiene que dimitir nadie".
La consellera ha afirmado que ya en 2015 los técnicos les comunicaron que la explotación sexual infantil había crecido de manera considerable. Así, el Govern de Armengol ya envió a Fiscalía en 2015 una relación de niños y niñas explotados sexualmente y se convocó a entidades implicadas para impulsar un protocolo y formación.
"Es el primer protocolo que se hace en Balears específico para explotación sexual y abuso sexual infantil", ha añadido, recordando que Balears es la única comunidad autónoma que tiene diferenciado lo que es una práctica y otra.
En estos años se han formado más de 2.700 trabajadores públicos en temas de trata o explotación sexual infantil y se ha ido a institutos para explicar cómo evitar este problemática. "Desde el Govern se ha hecho el trabajo y no se debe dimitir", ha reiterado Santiago, para luego recordar que es un tema social "presente desde hace muchos años".
