En rueda de prensa el conseller ha afirmado que la propuesta "es realista y no es utópica ni demagógica", si bien ha reconocido que "es evidente también que hay que cambiar el modelo de financiación de la Comunidad porque sino será complicado", ya que dicho modelo actual "no es adecuado a las demandas sociales y educativas".
March ha explicado que el anteproyecto de ley busca ser un marco general de regulación del sistema educativo que tenga como objetivo "institucionalizarlo". En este sentido, ha recordado que "ya hace más de 20 años que se hizo el traspaso de las competencias en esta materia", por lo que "hay una situación de madurez para poder hacerlo", ha matizado.
Asimismo, el conseller ha explicado que la creación de ésta parte del documento elaborado por la plataforma 'Illes per un pacte', que agrupa unas 40 entidades sociales con incidencia en el sector educativo, y que el Govern asumió como propio en 2016. También incorpora las aportaciones que hizo al documento el Consell Escolar de les Islas (CEIB).
March ha añadido que este texto --de 156 artículos-- tiene que tener el "máximo consenso educativo, político y social posible" que permita "dar estabilidad al sistema". "Espero que no sea una ley de ningún partido", ha dicho.
En este sentido, ha explicado que "ahora es tiempo de diálogo" con la comunidad educativa mediante distintas mesas, luego se debatirá con los Consells y, finalmente, se llevará al Parlament para que los grupos puedan presentar enmiendas, si lo requieren.
En términos de calendario, el conseller ha dicho que el anteproyecto será "punto de partida" y que contará con un año y medio de proceso antes de su aprobación. Es previsible que en octubre de 2020 se apruebe en Consell de Govern para después llevarse a la Cámara y que, finalmente, quede aprobada definitivamente en mayo-junio de 2021.
Asimismo, ha determinado que la Ley balear "encajará perfectamente" con el proyecto de Ley educativo del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que incidirá en la LOMCE y que, previsiblemente, se aprobará antes que la autonómica.
Entre las medidas que contempla la normativa, March ha explicado que la Ley recoge tres niveles de autonomía de los centros educativos, la pedagógica la organizativa y de gestión. "Los dispondrán dentro de los límites de competencias propias para el desarrollo curricular y la elaboración e implementación de un proyecto", ha dicho.
Por otro lado, ha avanzado que el sistema educativo será evaluado y se valorará el impacto y el funcionamiento de las diferentes líneas pedagógicas impulsadas en los centros educativas. "La ley prevé diferentes tipos de evaluación tanto del rendimiento académico del alumnado como de los centros, la práctica docente, el ejercicio de la función directiva como de los programas y servicios", ha añadido.
Por lo que respecta al modelo lingüístico, está basado en el tratamiento del aprendizaje de las lenguas oficiales, la adquisición de competencias para las lenguas extranjeras y "consolida el uso de la lengua propia de las Islas como lengua normalmente utilizada como vehicular".
"La ley no contempla porcentajes de uso de cada lengua, lo que hace es permitir una sociedad plurilingüe", ha dicho March preguntado por el catalán, puntualizando que "el decreto de mínimos tiene que actualizarse porque no es eterno, si bien no se deroga en este anteproyecto de ley".
En relación a la dirección de centros, la normativa dedica un capítulo a la dirección y los órganos de gobierno de los centros y establece medidas para dotar a las direcciones de la capacidad para llevar a cabo una "gestión eficaz de los recursos y ejercer un liderazgo pedagógico distribuido".
El texto, además, también contempla "más vías de participación" en la comunidad educativa y, por ello, se establecen 6 mesas específicas, la sectorial de educación, la de diálogo permanente con los directores y asociaciones de padres, la de la enseñanza privada concertada, la mesa de dialogo permanente con las familias del alumnado, la de los docentes y la del alumnado.
