La aprobación de este decreto es un trámite necesario para adaptar la Administración a la Ley 39/2015 y a la Ley 40/2015, ambas estatales, que regulan la administración electrónica, fomentan la simplificación administrativa e impulsan el uso de los medios electrónicos en las relaciones con el administrado.
Estas dos leyes establecen que la tramitación electrónica tiene que constituir la actuación habitual de las administraciones públicas; por este motivo se crean la Comisión de Inmersión Digital y el Grupo Técnico de Inmersión Digital.
La novedad principal de estas leyes, que el Govern tendrá que ir incorporando en su gestión, es la implantación de la gestión electrónica de los procedimientos ("cero papel"), para conseguir una administración totalmente electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple, mediante el uso intensivo de la tecnología y la comunicación, y la creación de nuevos registros públicos administrativos.
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