Armengol ha participado esta mañana en la firma del convenio de adquisición de los edificios que, según ha indicado, "demuestra que sólo desde la colaboración entre las instituciones se puede avanzar para mejorar la vida de las personas."
La presidenta ha explicado que la firma de compra de los cuarteles Duque de Crillón y Conde de Cifuentes supone la "culminación" de un proceso que se inició hace más de tres años, durante los cuales que desde la Consellería de Territorio, Energía y Movilidad se ha negociado con la Sareb para poder llegar a un acuerdo que permitiera adquirir los inmuebles a un precio adecuado para destinarlos a usos públicos.
La presidenta ha recordado que la Sareb aceptó el pasado octubre la oferta económica planteada por el Govern, que es de 2.420.000 euros. En este punto, ha incidido en el hecho de que la implicación del Ejecutivo autonómico, el Consell Insular de Menorca y el Ayuntamiento de Es Castell "ha sido importantísima para poder destinar los cuarteles a intereses públicos."
Esta adquisición, ha destacado el Govern, responde a una reivindicación histórica de la ciudadanía de Menorca, la sociedad civil y entidades, teniendo en cuenta el valor histórico, patrimonial, cultural, arquitectónico y paisajístico de los inmuebles y, sobre todo, por las importantes posibilidades que se abren de incorporar servicios públicos para la ciudadanía en estos dos valiosos inmuebles hoy sin uso.
Los usos concretos de los cuarteles se definirán en acuerdos posteriores, siempre con finalidades de interés público y social. Para conseguirlo las tres instituciones se han comprometido a poner en común los medios económicos, personales y materiales que sean necesarios.
Una vez firmado el convenio, el Govern formalizará la compra de los cuarteles con la Sareb. La previsión es que este contrato de compraventa se pueda llevar a cabo el primer trimestre de 2019.
Aunque el Govern será el titular de los cuarteles, se seguirá con el proceso interadministrativo para definir la distribución posterior de los inmuebles para ser destinados a las finalidades públicas que determinen las tres instituciones, un proceso que se materializará a través de la comisión de coordinación que se creará a este efecto.
Una vez se formalice la compraventa, la comisión de coordinación será la encargada de presentar el próximo año las propuestas de usos de los cuarteles y de plantear las fórmulas de colaboración o los proyectos urbanísticos que sean necesarios con el fin de abordar las modificaciones eventuales del Plan General que permitan destinar los cuarteles a los usos que se determine.
La comisión de coordinación estará integrada por tres representantes de cada institución (uno de carácter público y los otros dos de carácter técnico) y tendrá como objetivo analizar y concretar las diferentes propuestas.
