Así se establece en el Real Decreto Ley aprobado este viernes en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Fomento, con el que pretenden contribuir a atajar la 'guerra' abierta entre este sector y el del taxi.
En virtud de la nueva legislación, una vez que concluya la moratoria de cuatro años que incluye, las licencias de VTC que existen en España, actualmente 11.200, la mitad de ellas en Madrid, perderán la capacidad de dar servicios en de ámbito urbano, en el que constituye su principal negocio y en el que compiten con el taxi.
Una vez pasado ese plazo de cuatro años, la continuidad de la vigencia de las autorizaciones de VTC para dar servicio en las ciudades dependerá de lo que decidan las comunidades autónomas y, especialmente, los ayuntamientos.
Así, en las ciudades en las que los ayuntamientos quieran seguir teniendo servicio de VTC, los titulares de las actuales licencias deberán obtener una autorización específica.
Según fuentes del Ministerio, pasado este tiempo, los propietarios de licencias de empresa como Uber y Cabify no pueden exigir responsabilidad patrimonial a la administración porque se les suprima la capacidad de dar servicio en las ciudades.
El Govern considerará "positivo" que las comunidades autónomas gestionen las licencias de vehículos con conductor (VTC), si así lo aprueba el Consejo de Ministros, y se ha mostrado partidario de que haya "mucho diálogo" con el sector para que la normativa tenga "el mayor consenso posible".
Así lo ha manifestado este viernes Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern en la que ha defendido que "es positivo que sean las propias comunidades autónomas las que puedan gestionar las concesiones de licencias".
"Al final lo que queremos es que haya el máximo equilibrio entre los dos tipos de licencias y en Baleares sí que se cumple este requisito de equilibrio", ha sostenido la portavoz del ejecutivo autonómico.
En cuanto a la denegación de 200 licencias VTC, solicitadas por la empresa Ares Capital, Costa ha reiterado que responde a una resolución de un expediente administrativo por no cumplir los requisitos en materia de seguros.
