Mediante un recurso de reforma al que ha tenido acceso Europa Press, el empresario, cuya constructora partía a nivel técnico como ganadora en el concurso de Son Espases y finalmente fue desbancada por Dragados -una de las filiales de ACS-, critica que la adopción de uno de los últimos trámites de la causa genera una "dilación indebida" y la ralentización de la instrucción.
La defensa de Villar Mir se apoya así en una sentencia de noviembre de 1988 en la que el Tribunal Constitucional destacaba que las demoras "se producen a veces por la práctica de diligencias y trámites absolutamente innecesarios que, en no pocas ocasiones, enmascaran supuestos de inactividad o intentos de evitar prescripciones".
En concreto, mediante este recurso el encausado impugna una providencia del pasado 6 de octubre con la que Castro daba plazo a la Fiscalía y a la Abogacía balear para que emitieran alegaciones respecto a un escrito anteriormente presentado por otro directivo de OHL, José Magán.
Se trata, según el abogado del exministro, de un trámite de alegaciones no previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), "innecesario y, en consecuencia, dilatorio del curso del procedimiento", puesto que provoca "un retraso injustificado" en la tramitación de la instrucción.
"Comprendemos y somos conscientes de la enorme carga de trabajo que, a buen seguro, pesa sobre ese Juzgado y el Ministerio Fiscal. Ahora bien, ello no puede ser razón para hacer pesar sobre esta parte el deber de soportar la paralización del proceso", prosigue el letrado.
Por otro lado, la defensa recrimina el hecho de que, en la misma providencia, el juez rechazara resolver la nueva petición de archivo formulada por su patrocinado, al estar pendiente en el mismo sentido que la Audiencia Provincial de Baleares decida al respecto. El abogado asevera que no existe riesgo de "pronunciamientos irreconciliables" o "contradictorios", por lo que "no hay motivo" que justifique la negativa de Castro.
De hecho, expresa su "frontal oposición" al criterio del magistrado puesto que, "además de no encontrar la más mínima apoyatura legal, lesionaría de manera grave -caso de apreciarse- el derecho a la tutela judicial de mi representado".
