Esta práctica, específicamente prohibida por la Ley 8/2012 de 19 de julio del turismo en Balears, modificada por el Parlament el 31 de julio de 2017, es designada, generalmente, con el término inglés ‘overbooking’, y, en el caso del sector hotelero, ocurre cuando la dirección del establecimiento alquila un mayor número de habitaciones de las realmente disponibles.
Naturalmente, la consecuencia directa de esta anomalía es que el cliente corre el riesgo de encontrarse, a su llegada al hotel, con la mala noticia de que la habitación que alquiló o reservó en su día no se halla a su disposición. A partir de aquí, el ‘vía crucis’ al que se ve condenado el usuario resulta más que imaginable: nada menos que encontrar una plaza de hotel en un territorio donde en los meses estivales no cabe, literalmente, ni un alfiler. Y hacerlo, además, en tiempo récord, salvo, como es lógico, que el cliente haya tomado la precaución de efectuar otras reservas en previsión de posibles incidencias.
Balears es, hoy por hoy, una de las mayores potencias turísticas mundiales, y, sin duda, la más pujante y dinámica del área Mediterránea. El pasado año rozó la cifra de 17 millones de visitantes, con un incremento del 10% en relación a 2016, ejercicio que, en su momento, ya se erigió en una anualidad récord en cuanto a afluencia de turistas a las islas. En consecuencia, la persistencia de una práctica no solo ilegal sino también absolutamente contraproducente, como es el overbooking hotelero, constituye una seria amenaza para la estabilidad presente y futura de la principal industria del archipiélago.
El overbooking es ilegal. Ya lo hemos dicho. Y como todas las actuaciones ilegales, la Administración acarrea con el deber y la obligación de perseguirlo y de aplicar todo el peso que prevé la normativa. En efecto, a raíz de los expedientes abiertos a 32 hoteles sancionados en Mallorca por sobreocupar sus instalaciones en el verano de 2017, el Govern ha impuesto un montante total de 621.000 euros. Si efectuamos un promedio sobre esta cantidad, la cifra resultante es de algo más de 19.000 euros por expediente.
Al margen de las dudas que se puedan albergar acerca de la contundencia económica de esta actuación en un sector particularmente lucrativo y rentable como el hotelero, hay otra cuestión que forzosamente salta a la palestra a la hora de analizar la actividad inspectora del Ejecutivo autonómico. La propia Conselleria de Innovació, Receca i Turisme expone que la inspección relacionada con esta apertura de expedientes se limitó a 40 hoteles. Y de ellos, en 32 se apreció la existencia de casos de overbooking. En otras palabras, un 80% de los hoteles inspeccionados incurría en la práctica ilegal de la sobreocupación. Y eso solo en Mallorca, dado que no se ofrece información acerca de las otras islas.
Precisamente, según datos de 2016, Mallorca lidera el ranking mundial de plazas hoteleras, con una ratio de 306 plazas por cada mil habitantes repartidas en un total de 800 establecimientos. Ningún otro territorio en el mundo supera, y ni siquiera iguala, el patrimonio hotelero mallorquín. Eso supone que, tomando como referencia la cifra anteriormente mencionada de 800 explotaciones hoteleras, el departamento que ahora dirige Bel Busquets (en 2017, el titular era Biel Barceló hasta que dimitió de su cargo a mediados de diciembre) apenas pasó revista, en agosto de ese año, al 5% del conjunto de la flota hotelera. Y, aun así, como ya hemos comentado, al 80% de los establecimientos revisados por la Conselleria de Innovació, Recerca i Turisme se les abrieron expedientes por overbooking.
Ante estas demoledoras estadísticas, cabe preguntarse cuántos casos de sobreocupación se descubrirían en los hoteles de Mallorca, y de Balears en su conjunto, si la eficacia inspectora de la Administración aumentase su alcance unos cuantos grados. Tomando como referencia el 80% de situaciones de overbooking que se descubrieron a tenor de las inspecciones realizadas en 40 hoteles de Mallorca en el verano de 2017, podría especularse con la posibilidad de que 640 establecimientos de la isla, sobre los 800 que integran la flota hotelera en su conjunto, estarían incurriendo en esta práctica. Por supuesto, como ya se ha dicho, es una especulación puramente estadística, pero nadie puede negar que llama poderosamente la atención.
Ninguna ley, por muy buenas intenciones que guíen su promulgación, resulta eficaz cuando no se dispone de las herramientas necesarias para certificar su cumplimiento. La legislación turística de Balears constituye una buena prueba de ello. Si el Govern, por falta de recursos o por cualquier otra razón, se ve obligado a mantener bajo mínimos su actividad inspectora, las disposiciones legales en cuanto a sobreocupación hotelera no serán otra cosa que lo que parecen ser actualmente: un voluntarioso texto sobre papel mojado que ofrece muy pocas garantías a la hora de certificar que la industria hotelera balear cumple de manera fehaciente los requisitos de calidad, excelencia y servicio a los que la ley le obliga.
