El objetivo principal que se ha marcado la plataforma es la modificación de esta ordenanza aprobada en 2014 y derogada por el Tribunal Superior de Justicia en 2016. En concreto, quieren disponer antes del inicio de la temporada alta de un texto legal que ampare las actuaciones públicas contra los comportamientos incívicos "que impiden la convivencia pacífica entre turistas y residentes y deterioran la imagen de la zona".
Sin embargo, la redacción completa de una nueva ordenanza alargaría los plazos para su aprobación definitiva, de tal manera que no existiría un texto legal vigente el próximo verano.
Con todo, la Plataforma reclama al Ajuntament de Palma "medidas contundentes que permitan visualizar de manera inmediata un cambio de actitud ante la opinión pública extranjera".
"El mensaje debe ser muy claro: en la Playa de Palma no se admite el turismo de borrachera", han sentenciado.
Por otro lado, la entidad ha denunciado "el evidente grado de abandono de la Playa de Palma en cuanto a infraestructuras y mantenimiento". Por ello, las asociaciones vecinales y hoteleros que forman parte de la plataforma han reclamado inversiones públicas con cargo al Fondo de Capitalidad que recibe el Ayuntamiento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, y a los ingresos generados por el impuesto turístico en la que como recuerdan es "la zona turística de mayor volumen en Mallorca".
La Plataforma tiene previsto reunirse en las próximas semanas con la Delegación del Gobierno para reclamar una firma de convenios con la Secretaría de Estado de Turismo para el mantenimiento de la competitividad turística; la misma fórmula que está empleando el gobierno estatal para invertir en zonas maduras de Canarias, por lo que exigirán "igualdad de trato".
