El objetivo principal es la modificación de la Ordenanza cívica, aprobada en 2014 y derogada por el Tribunal Superior de Justicia en 2016, para disponer antes del inicio de la temporada alta de un texto legal que ampare las actuaciones públicas contra los comportamientos incívicos que impiden la convivencia pacífica entre turistas y residentes, y deterioran la imagen de la zona.
La redacción completa de una nueva ordenanza alargaría los plazos para su aprobación definitiva, de tal manera que no existiría un texto legal vigente el próximo verano. La Plataforma reclama al Ayuntamiento de Palma medidas contundentes que permitan visualizar de manera inmediata un cambio de actitud ante la opinión pública extranjera.
El mensaje debe ser muy claro: en la Playa de Palma no se admite el turismo de borrachera. Por otro lado, la Plataforma sigue constatando el evidente grado de abandono de la Playa de Palma en cuanto a infraestructuras y mantenimiento. Asociaciones vecinales y hoteleros reclaman inversiones públicas con cargo al Fondo de Capitalidad que recibe el Ayuntamiento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, y a los ingresos generados por la ecotasa en la zona turística de mayor volumen en Mallorca.
Además, la Plataforma tiene previsto reunirse en las próximas semanas con la Delegación del Gobierno para reclamar la firma de convenios con la Secretaría de Estado de Turismo para el mantenimiento de la competitividad turística. Esta es la fórmula que está empleando el gobierno estatal para invertir en zonas maduras de las Islas Canarias, y la Plataforma exigirá igualdad de trato.
La Plataforma por una Playa de Palma Cívica está formada por las siguientes entidades: Asociación Hoteleros Playa de Palma, Asociación de Vecinos de San Antonio, Asociación de Vecinos de la Playa de Palma, Agrupación Ciudadana Ciutat de s'Arenal y la Plataforma Antidelincuencia de la Playa de Palma.
