El portavoz de C's Palma, Josep Lluís Bauzá, ha lamentado que, "a pesar de las constantes demandas y las reivindicaciones de los colectivos y entidades dedicadas al fomento y a la práctica del atletismo", hasta el momento no se haya podido conseguir unas instalaciones para practicar este deporte en la capital.
Actualmente, ha dicho, hay una serie de deportistas baleares que han representado a España en muchas competiciones internacionales pero, pese a esto, "las instituciones públicas no llegan a desarrollar una política satisfactoria para estos deportistas y la mejora de su actividad".
Según su opinión, con la cooperación de las instituciones, se podría llevar a cabo la realización de una instalación "con las debidas garantías y exclusiva para este deporte, ya que el número de practicantes aquí radicados garantiza un buen rendimiento de la misma".
Bauzá ha solicitado que se establezca una partida presupuestaria para 2017 en la que se contemple la dotación económica necesaria para la construcción de esta pista en las instalaciones adyacentes al velódromo. Además, ha recordado que esta pista estaba proyectada en los planos del Palma Arena, "aunque no llegó a ejecutarse nunca, dejando en su lugar un descampado al que llega un ascensor".
Por otra parte, la regidora Patricia Conrado ha criticado que en la 'Instrucción para una contratación pública con responsabilidad social, medioambiental y lingüística', se establezca como condición de obligado cumplimiento por parte de los licitadores el uso del catalán en su comunicación. "Con estas cláusulas, se está primando el uso del catalán en la contratación, en lugar de la calidad y el precio", ha denunciado.
La regidora ha exigido "la eliminación de los criterios lingüísticos como obligatorios" y ha considerado que con estas cláusulas "no sólo no se garantiza la cooficialidad de las lenguas, sino que se quebranta el derecho de los ciudadanos de dirigirse a la administración en cualquiera de las dos lenguas y se discrimina a las empresas por razón de lengua".
Conrado ha explicado que en el texto se obliga a la empresa a entregar toda la documentación técnica en catalán, "lo cual es totalmente ilegal, puesto que va en contra del reglamento que ellos mismos han rescatado, derogando las modificaciones que hizo el último gobierno".
"Hay que recordarles a los miembros del equipo de gobierno que el ciudadano tiene el derecho a dirigirse a la administración en catalán, pero no el deber de hacerlo. Se está vulnerando el artículo 2.2 del reglamento de normalización lingüística del ayuntamiento", ha manifestado.
En este texto también se expone, ha dicho la regidora, que las empresas estarán obligadas a utilizar el catalán en rótulos, publicaciones, avisos y otras comunicaciones y, como excepción, se podrán utilizar otras lenguas sólo si existe conformidad de Cort.
"Es decir, yo, como administración, decidiré si tú, como empresa, puedes utilizar además del catalán, el castellano; pero en principio, si quieres hacerlo bilingüe no puedes", ha criticado antes de reclamar una política lingüística basada en el principio de la libre elección de lengua.
