Tal y como anunció la consellera de Vivienda, Marta Vidal, semanas atrás, el expediente ha sido remitido a Fiscalía, pero no se ha interpuesto ninguna denuncia. Ahora, el Ministerio Público deberá analizar y valorar si se ha incurrido en algún delito.
Cabe recordar que tres días antes de las elecciones del 28 de mayo, el Govern de Francina Armengol, a través del Ibavi, adquiría por 25,8 millones de euros el edificio ubicado en el número 29 de la calle Brotad de Palma con el objetivo de destinarlo al alquiler para jóvenes.
Sin embargo, la operación fue paralizada cautelarmente por la Justicia el 26 de junio tras el recurso interpuesto por la constructora Metrovacesa. Asimismo, el nuevo equipo Govern liderado por Marga Prohens anunciaba el pasado 20 de julio que renunciaba a la operación por presuntas irregularidades y la existencia de informes negativos elaborados por los propios técnicos del Ibavi.
Unas presuntas irregularidades que desde el anterior ejecutivo autonómico han negado, provocando un cruce de acusaciones entre socialistas y ‘populares’. De hecho, los partidos de izquierda solicitaron la comparecencia urgente de la consellera Vidal en el Parlament para dar más explicaciones, sin embargo, se denegó esta comparecencia. Desde el Partido Popular aseguran que la consellera de Vivienda es la primera interesada en dar explicaciones y que lo hará en su debido momento.
