Por tercera vez, el tranvía de Palma corre el riesgo de quedarse solamente en un proyecto, en cuatro líneas sobre un papel y en un vídeo promocional. El primero que se quedó en nada, en 2011, surgió de la mano de Jaume Matas. El segundo tranvía, ya en 2015, fue una propuesta ‘non nata’ del Pacte de Progrés del socialista Francesc Antich. Y ahora ha sido el tercer esbozo -el del Govern de Francina Armengol- el que se va a quedar, de acuerdo al programa electoral del Partido Popular, en eso: en un esbozo.
Y es que la promesa de Pedro Sánchez de transferir 185 millones de financiación estatal para construir el tranvía desde la plaza de España de Palma y hasta el aeropuerto de Son Sant Joan se apoyaba en un simple desiderátum.
Según señala el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen General Electoral de España, los gobiernos en funciones no pueden utilizar los fondos públicos ni los foros mediáticos institucionales para proclamar o publicitar actos o decisiones que favorezcan a los partidos de los que forman parte los políticos que ejecuten estos actos.
Es decir, no se pueden hacer -como políticos institucionales- anuncios o ruedas de prensa para destacar propuestas de partidos o, por ejemplo, realizar inversiones o inauguraciones para captar votos.
Quedan, por tanto, fuera de las posibilidades del Consejo de Ministros que aún preside Pedro Sánchez la aprobación de los 185 millones de euros prometidos para el tranvía de Palma.
También queda en el aire la aplicación de la Ley de la Vivienda, aprobada en los estertores de la legislatura que ahora ha sido truncada por Sánchez.
Según la propia norma estatal, serán las comunidades autónomas las que delimitarán, entre otras variables, las zonas tensionadas en las que se podrá limitar el precio de los alquileres. Un desarrollo de esta ley -y una declaración de las zonas tensionadas- que quedan ahora en manos del Partido Popular. Una facultad que ya en la campaña electoral Marga Prohens rechazó de plano.
