270.000 euros por una vivienda de protección oficial de 90 metros cuadrados en la capital balear. Este es el precio mínimo que fijan los promotores para evitar pérdidas en el ejercicio de su actividad. Un precio, advierten, que podría seguir incrementándose en los próximos tres años.
Y es que, a pesar de que lo hemos escuchado muchas veces, no deja de ser menos preocupante: "Cada vez va a ser más complicado poder hacer esta vivienda asequible". Así lo ha manifestado en la mañana de este jueves Luis Martín, presidente de la Asociación Profesional de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA).
Y es que a la falta de suelo y los retrasos en la concesión de licencias, se le suma una inseguridad jurídica, que según los promotores, se ha visto agravada durante los últimos cuatro años, tiempo en el que "le hemos añadido 19 modificaciones en materia de urbanismo y vivienda, tres decretos y una ley".
El solapamiento, además, de nuevos y antiguos planes generales de urbanismo, como en el caso de los municipios de Palma o Calvià, ralentiza aún más la concesión de licencias, alargando en muchos casos el trámite burocrático hasta los 24 meses. Así, Martín apunta que "eso al final se repercute en el precio final porque el capital cuesta dinero. Y si nosotros tenemos que esperar dos años, ya sea con dinero propio o con dinero que pedimos, se generan unos intereses. Y eso repercute en el precio final".
Un precio final que también viene marcado por la limitación territorial propia de nuestro archipiélago. Una materia prima escasa y que hace levantar la vista al cielo en busca de soluciones. Unas soluciones que pasarían, como llevan años exigiendo desde PROINBA, por hacer crecer los edificios en altura.
En definitiva, los promotores suspenden la gestión del Govern en materia urbanística en una legislatura que está a punto de finalizar, asegurando que "no ha avanzado. Ha retrocedido, y como la dinámica social y la población ha seguido creciendo pues tenemos un problema igual que hace cuatro años, pero más grave".
Un problema estructural, defienden los promotores, para quienes el consenso entre los dos grandes partidos políticos es indispensable para encontrar una solución que, en cualquier caso, no será inmediata.
