Limitar la edificación de obra nueva en favor de la rehabilitación, regeneración y renovación de inmuebles ya construidos. Esta es la justificación que hace el Govern para aprobar el nuevo decreto ley de contención del crecimiento urbanístico, que mañana se votará en el Parlament.
Esta nueva normativa impedirá que los propietarios de terrenos puedan construir en sus parcelas y que los ayuntamientos puedan delimitar nuevos sectores de suelo urbanizable. La única excepción que se contempla es la promoción puntual de viviendas de protección oficial. Tal es el grado de limitación que, para construir infraestructuras públicas, como un hospital, una escuela, un centro de salud o modificar el trazado de una calle, el ayuntamiento correspondiente debería iniciar un complicado trámite de modificación puntual de la normativa, que se demoraría años, debido a la burocracia y lentitud en los Consells Insulares.
Precisamente sobre este decreto ley se han manifestado hoy los constructores y promotores de Baleares, quienes han tachado estas medidas de ataque frontal a la vivienda en las Islas. Para ellos, la limitación del suelo va a tener consecuencias directas en el precio de las viviendas, agravando el problema real que están viviendo los ciudadanos de las Islas.
Según este colectivo, es precisamente la inestabilidad normativa que lleva viviendo el sector, con 14 modificaciones legislativas urbanísticas en 4 años, unido a la carencia de obra nueva y el hecho de que Baleares sea la comunidad con los impuestos de compra más altos de España, lo que está propiciando que los precios estén disparados, al doble de la media actual, y que los baleares sean incapaces de acceder a una vivienda.
Por ello, plantean una colaboración público-privada, para hacer frente a los problemas reales en este ámbito.
Con todo ello, la solución para el sector de la construcción pasa por un pacto político a 20 años vista, en el que se adapte la normativa urbanística a las necesidades de la sociedad, permitir crecer en altura y densidad en los núcleos urbanos, establecer un programa de cesión de suelo público para poder construir vivienda asequible, incentivar la construcción con materiales locales, agilizar los trámites y tomar medidas para que inmuebles vacíos se puedan reconvertirse en viviendas accesibles. Con estas medidas de sentido común para los constructores, Baleares estará un paso más cerca de solucionar el problema real que se está viviendo con la vivienda.
Desde el Govern, el portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, asegura que respeta la opinión de los constructores, aunque recalca que la Administración ha trabajado mucho en las políticas de vivienda.
Los populares de las Islas también han querido dar su opinión acerca de lo que se va a votar mañana en el Parlament. Según su presidenta, lo que está haciendo el Govern es una política cada vez más intervencionista que atenta contra la propiedad privada.
