Marga Prohens pide al Gobierno que se reconozca que existe una ruta abierta entre Argelia y Baleares en la llegada de migrantes a las Islas. Una ruta provocada, dice la presidenta popular, por las malas relaciones entre España y Argelia. Prohens ha recordado que las cifras de llegadas de inmigrantes hacia Baleares no para de crecer desde 2019. Una llegada de pateras que además se ha intensificado estas Navidades.
"La inmigración ilegal es un drama humano pero los gobiernos socialistas tanto nacional como de Baleares miran para otro lado", ha afirmado Marga Prohens, añadiendo que "quiero denunciar su hipocresía de estos gobiernos socialistas".
Además, la presidenta del PP de Baleares ha señalado que "estas embarcaciones cuando llegan se depositan en los puntos verdes. La delegada del Gobierno en Baleares aseguró que firmaría un convenio con los consistorios por la retirada de estos residuos y una vez más, dejan a los ayuntamientos solos".
En una visita al punto verde de la Colònia de Sant Jordi, Prohens ha pedido también dotar de más personal y medios a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para controlar estos flujos y se le otorgue una insularidad digna para cubrir esta demanda.
Por otro lado, ha acusado a los gobiernos socialistas de menospreciar a los ayuntamientos, como en el caso de Santanyí y de Ses Salines, dos municipios donde más se intensifican la llegada de pateras y que además aún no disponen de un convenio para retirar las pateras que se van acumulando en los puntos verdes. Los municipios reclaman soluciones.
La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha explicado que "tenemos una Guardia Civil que compartimos con Campos y Ses Salines, los medios son muy insuficientes".
Por su parte, el alcalde de Ses Salines, Juan Rodríguez, ha destacado que "estas embarcaciones quedan en un limbo. Se declaran basura, se trocean y se llevan a destruir cuando se puede, una vez se ha resuelto todo el tema burocrático que puede durar años".
Las pateras acumuladas son unos residuos que se deben gestionar y que suponen un problema para los ayuntamientos que esperan que la Delegación de Gobierno ponga en marcha el concurso para destruirlos.
