El juez considera que no existe perjuicio para la administración porque las mascarillas se pagaron con fondos europeos. Ante esta situación, el portavoz del Ejecutivo autonómico y conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa, ha defendido que las Islas sí son parte afectada e insiste en que el Ib Salut hará todo lo posible para recuperar los 3,7 millones de euros de la compra de mascarillas fraudulentas.
"El juez ha dicho que no somos parte afectada porque no había perjuicio económico. A raíz de la descertificación que hemos hecho desde la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, concretamente desde la Dirección General de Fondos Europeos, pasamos a ser automáticamente parte afectada. Hemos perdido 3,7 millones de euros", ha destacado Costa.
En este sentido, Costa ha dejado claro que "el Ibsalut y la Abogacía de la Comunidad Autónoma es hacer todo lo posible para que los 3,7 millones defraudados vuelvan a las arcas de Baleares, esto seguro".
