Por municipios destacan el municipio de Palma con 280 expedientes de fraude con 2.804.996 kWh de energía defraudada, de los que 7 son expedientes vinculados a plantaciones de marihuana, Llucmajor con 52 expedientes de fraude e Inca con 29; en el caso de la isla de Mallorca. En la isla de Ibiza, los municipios de Sant Antoni de Portmany y Santa Eulària des Riu, con 16 casos cada uno . En la isla de Menorca destaca el municipio de Ciutadella con 7 casos, y Maó y es Castell con 5 casos fraude.
El fraude eléctrico en España se ha incrementado de forma relevante en los últimos años hasta convertirse en un problema grave con especial incidencia en algunas zonas de nuestro país. En los últimos cinco años, los casos de manipulación de las instalaciones eléctricas detectados por Endesa han aumentado un 35% y los vinculados a plantaciones de marihuana casi un 70%.
Sólo en el último año, e-distribución, la filial de redes de Endesa, desmanteló cerca de 150 fraudes al día, una práctica que supone una amenaza grave para la seguridad de las personas y genera perjuicios importantes para el conjunto de la sociedad. Las estimaciones indican que el fraude eléctrico cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro .
"La manipulación de las instalaciones eléctricas nos afecta a todos. Supone un riesgo físico que puede provocar incluso la muerte de los implicados o de terceros que nada tienen que ver con esta práctica ilegal, afecta a la calidad del suministro y cuesta dinero a todos los consumidores", señala José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa.
En los últimos cinco años los casos de fraude de todo tipo detectados por e-distribución han aumentado un 35%: desde los 39.300 expedientes de 2019 a cerca de 53.300 contabilizados en 2023. La energía recuperada vinculada a estos expedientes se ha disparado un 58 % hasta alcanzar los 662 GWh, cifra equivalente al consumo de 190.000 hogares.
Plantaciones de marihuana y grandes consumos vinculados a la actividad industrial y los negocios acapararon el 74% de la energía defraudada detectada durante el último ejercicio por la filial de Endesa. La otra cuarta parte correspondió al sector residencial, aunque es destacable que sólo el 2% se localizó en las viviendas con un menor consumo, con una potencia contratada inferior a los 3 kW.
Plantaciones de marihuana
Por el contrario, las instalaciones para cultivar marihuana en el interior de edificios, las conocidas como plantaciones indoor, concentran ya el 37% de la energía recuperada en los fraudes detectados por Endesa, casi diez puntos más que hace un año.
Los expedientes por enganches ilegales a la red eléctrica vinculados a plantaciones de cannabis en las zonas donde opera e-distribución han aumentado cerca de un 70% en los últimos cinco años, y la energía recuperada en estos expedientes se ha incrementado un 83% en el mismo período. Cada día de 2023, los técnicos de e-distribución desconectaron de la red una media de siete plantaciones de marihuana.
Cada plantación consume, de media, como 80 viviendas, por lo que el impacto de estas instalaciones fraudulentas en las pérdidas del sistema eléctrico y en el deterioro de la calidad del suministro en zonas con un porcentaje de fraude elevado es evidente.
Se estima que las plantaciones de marihuana consumen en España cerca de 2,2 TWh de electricidad, equivalente al consumo de Sevilla en un año. En algunas zonas, acaparan hasta el 80% del consumo eléctrico y los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan mediante conexiones ilegales que causan graves daños en la red eléctrica. Generan sobrecargas que activan las protecciones de los centros de transformación provocando interrupciones de suministro que afectan a todos los vecinos de la zona y, en casos extremos, llegan a originar incendios en líneas subterráneas o incluso en centros de transformación recién instalados. Durante el último año, se incendiaron 14 centros de transformación sólo en Sevilla y Granada por sobrecargas derivadas del fraude.
La proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por " verdaderas organizaciones transnacionales con una potente actividad policriminal", según los datos del Ministerio del Interior, supone, además, un riesgo para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución, que deben actuar encapuchados para evitar ser identificados y desarrollan su labor con acompañamiento policial. En el último año, Endesa ha participado en cerca de 2.400 operaciones de las fuerzas de seguridad para desmantelar cultivos indoor, una colaboración que se refuerza con el continuo intercambio de datos y se extiende a otros expedientes de manipulaciones en la red, puesto que en seis de cada diez casos es necesaria su colaboración para cortar los suministros fraudulentos.
Inspecciones y tecnología
La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías se han convertido en herramientas esenciales para combatir un fraude cada vez más profesionalizado, y en el que existe una alta tasa de reincidencia, en un contexto de percepción de escaso riesgo económico y de una legislación más laxa que en otros países de nuestro entorno. En España la defraudación de fluido eléctrico está tipificada como un delito leve con pena de multa a diferencia de países como Francia, Alemania, Portugal o Italia, donde se considera un delito grave que puede acarrear pena de prisión.
Para combatir este problema que afecta al conjunto de los ciudadanos, e-distribución realizó en el último año cerca de 400.000 inspecciones y tiene previsto efectuar 1,5 millones de inspecciones en el período 2024-2026.
La colaboración ciudadana también resulta crucial para luchar contra ese delito. Los ciudadanos pueden informar de forma anónima a su compañía distribuidora si sospechan que se está cometiendo fraude en su entorno. Los clientes en el área de distribución de Endesa pueden escribir en la dirección electrónica anomalias@enel.com, llamar al teléfono gratuito 800760220 o rellenar un formulario en la web de edistribucion.com. Durante el pasado año, a través de estas vías se registraron 55.000 denuncias que permitieron realizar 21.260 inspecciones en la red.
Endesa reitera su disposición a colaborar con administraciones, instituciones y fuerzas de seguridad para buscar soluciones a este problema que supone un grave peligro para las personas y para la red eléctrica, es origen de electrocuciones e incendios, afecta a la calidad del suministro y tiene un coste elevado para el conjunto de la sociedad .