Concretamente, la Conselleria de Salud interpondrá un recurso contencioso para pedir, como medida cautelar, la suspensión del uso obligatorio de la mascarilla en los centros asistenciales y no como recomendación. La responsable del ramo, Manuela García Romero, defiende que la situación epidemiológica en Baleares está controlada, y que dicha medida no se basa en criterios técnicos.
Así lo ha anunciado este jueves tras recibir en audiencia a la Federación de Salud Mental de Baleares, en la que también ha hecho referencia a la "importancia de la educación sanitaria" y ha considerado que el hecho de llevar mascarilla es "una cuestión de recomendación y educación".
"Cuando marcas el paso de recomendar a obligar tienes que hacerlo en función de una serie de elementos, fundamentalmente técnicos", ha destacado.
La consellera ha explicado que, en el momento en el que se tomó esta decisión desde el Ministerio de Sanidad, Baleares tenía una incidencia de 270 casos de infecciones respiratorias por cada 100.000 habitantes, y de 60,8 casos de gripe, "una proporción muy pequeña que indica que el virus circula poco de momento", ha apuntado García.
Por otra parte, ha criticado que "el funcionamiento normal del pleno de la Comisión Interterritorial no se ha llevado a cabo en ningún momento", puesto que ha sido una decisión de una orden ministerial y no se ha convocado la Comisión de Salud Pública.
