Ariany, Petra, San Joan y Vilafranca son los municipios que podrán ofertar pisos nuevos a partir de 120 mil euros. O lo que es lo mismo, al precio mínimo que fija el Govern en este nuevo decreto. Y esto se debe a que los municipios de Baleares se han clasificado en tres grupos: A, B Y C. Por tanto, en función del municipio donde desee vivir, tendrá que pagar un precio u otro.
En primer lugar, al referirnos a precios, habrá que tener claro si la vivienda es de nueva construcción o de segunda mano. A partir de ahí, se tendrán en cuenta los siguientes factores: al grupo al que pertenece el municipio (que se define por su presión humana); los metros cuadrados y el certificado de eficiencia energética del inmueble.
El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, José Miguel Artieda, señala, que por ejemplo, Palma, Inca, o Manacor pertenecen a la categoría A, de este modo, el precio mínimo de venta en estas localidades partiría de los 180 mil euros.
"Hay tres grupos de municipios el A,B y C en función de la maduración o la saturación que hay en estos municipios. Palma, evidentemente, como Inca o Manacor está en el A", ha explicado José Miguel Artieda, presidente de COAPI Baleares.
Por otro lado, este Decreto ley prevé la creación de un Registro autonómico con el fin de garantizar la efectividad, el control y la información pública de estas viviendas. Será en este registro donde promotores, constructores y propietarios deberán inscribir sus propiedades. ¿Pero qué requisitos deben reunir estas viviendas a precio limitado que se van a poner en el mercado?
"El requisito es entre 60 y 90 metros útiles y luego debe cumplir con el código técnico y sacar la cédula de habitabilidad, con lo cual, son viviendas dignas", ha afirmado Artieda, añadiendo que "los dormitorios deben tener ventilación directa, el baño no debe tener salida directa al comedor... todo lo que requiere una vivienda en condiciones".
Estos inmuebles serán anunciados por promotores, constructores y propietarios, por lo que aparecerán en anuncios y portales inmobiliarios. Eso sí, deberán identificarse como viviendas de precio limitado.
En cuanto a las condiciones que deben cumplir los interesados que quieran comprar un piso de estas características debemos destacar: ser mayor de edad y residente en Baleares; no ser propietario de otra vivienda y la nueva vivienda tendrá que constituir su domicilio habitual y permanente.
Además, el beneficiario tendrá que presentar en la Dirección General de Vivienda y Arquitectura una declaración responsable firmada alegando que cumple los requisitos establecidos.
Sin embargo, el gran interrogante es: ¿Cuándo estarán disponibles?
"Dependerá mucho de la agilidad administrativa que cada ayuntamiento aplique. Si tenemos en cuenta de que en casi todos los casos se trata de obra mayor, tenemos un retraso importante", ha afirmado el presidente de COAPI Baleares, remarcando que "debería hacerse un esfuerzo para agilizar los trámites, si esto se solventa, el tiempo será el de ejecución de la obra".
Otro asunto es si los ciudadanos podrán acceder a hipotecas con estos precios limitados, la respuesta es sí. De hecho, desde COAPI instan a la Administración que ponga en marcha mayores ayudas fiscales.
"Al tratarse de viviendas que van a cubrir la necesidad de residencia habitual, deberían realizarse más actuaciones como beneficios fiscales o al acceso a este tipo de vivienda y financiación para obtener hipoteca", ha manifestado José Miguel Artieda.
Con todo, este decreto ley intenta paliar la escasez de vivienda al alcance de las clases medias y trabajadoras.
En el caso del alquiler, en viviendas de 60 m² a 80 m², los precios se situarían entre los 385 euros hasta un máximo de unos 900 euros, cuando nos referimos a pisos de segunda mano, es decir. En cambio, si se trata de obra nueva, los precios de alquiler de estos dos ejemplos oscilarían entre unos 455 euros y unos 1.070 euros.
Si bien para poder comprar una vivienda de precio limitado tendremos que esperar, los efectos de este decreto en el mercado del alquiler serán mucho más inmediatos. "El alquiler siempre es un acceso más inmediato ya que todos estos productos están en manos de particulares y resulta más interesante ponerlos al alquiler", ha señalado José Miguel Artieda.
Además, para garantizar la no especulación con el suelo y para la completa efectividad de las medidas previstas, el decreto ley incorpora un régimen sancionador.
Y más allá del alquiler y la compra de viviendas, el Govern apuesta por dos nuevos conceptos residenciales: Coliving y Cohousing o lo que es lo mismo “alojamiento con espacios comunes complementarios”.
A la espera de ver cómo lo pone en práctica el ejecutivo, el presidente del Colegio oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, José Miguel Artieda, califica de medida estrella este nuevo concepto, ya que podría abrir la puerta a que el alojamiento turístico hotelero más obsoleto se pudiera reconvertir para poder ejercer esta modalidad tan extendida en otros puntos de Europa.
