Presentada como iniciativa popular en 2018, y después del recurso interpuesto por la patronal Habtur y atendido desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el alcalde de Palma, José Hila, ha manifestado que la sentencia del Supremo sienta las bases para otras ciudades españolas.
"Esta sentencia va a sentar un precedente a nivel nacional y muchas ciudades van a seguir nuestro camino porque ahora hay un aval judicial claro para poder hacerlo", ha indicado Hila.
Una sentencia con la que no contaban desde Cort y que desde el Ayuntamiento consideran que debe servir de ejemplo a la hora de tomar nuevas decisiones en materia habitacional, especialmente en el alquiler.
Así, José Hila ha manifestado que "esto nos tiene que animar en otras normativas futuras o que se están tramitando, como por ejemplo la que respecta a los alquileres. La normativa tendría que ser valiente y entrar en la limitación del precio del alquiler en determinadas zonas, siendo los municipios quienes pudiésemos decidir cuáles".
Antes de entrar en esa hipotética limitación, desde el Ayuntamiento de Palma han exigido al Consell de Mallorca, competente en la materia, más recursos y agilidad a la hora de luchar contra este alquiler turístico ilegal en la capital balear.
Así, el regidor de Justicia Social en Cort, Alberto Jarabo, ha asegurado que "tenemos que exigir, una vez más, que se incrementen los inspectores de turismo. Ellos son, probablemente, los únicos con capacidad para poder detectar y sancionar esa vivienda ilegal".
Una lucha que se une, de nuevo, al deseo manifestado en este caso por Antoni Noguera de Més per Palma, de "restringir la compra de vivienda a los no residentes".
Una propuesta que se enmarca dentro del proyecto de transformación económica que propugnan desde la formación ecosoberanista, tal y como ha dejado de manifiesto la regidora de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, al señalar que "tenemos que poner límites a la actividad turística, avanzando hacia un decrecimiento turístico".
Medidas con las que desde Cort se pretende garantizar el acceso a una vivienda y acabar con situaciones como las registradas recientemente en barrios como Son Espanyolet o Santa Catalina.
Desde la patronal Habtur, como no podía ser de otra manera, han mostrado su rechazo ante la sentencia, a la que han calificado de “surrealista”. Su gerente Maria Gibert, además, ha destacado que la prohibición del alquiler vacacional no ha supuesto ninguna mejoría para los vecinos de Palma a la hora de acceder a una vivienda.
Desde Terraferida, por su parte, han mostrado su satisfacción por esta decisión judicial, al señalar que la especulación está haciendo que muchos ciudadanos no puedan acceder a una vivienda digna.
