Las once denuncias interpuestas por algunos padres de estos jóvenes por los presuntos delitos de detención ilegal y prevaricación han sido archivadas por la juez instructora del caso.
La orden de la directora general se dictó tras conocerse que varios de los adolescentes se habían sentido indispuestos y, al ser analizados, habían dado positivo en las pruebas Covid.
La jueza ha dictado un auto explicatorio en el que razona su decisión de archivas el caso. Señala que, tras investigar los hechos, "no se desprende que se hubiera actuado con abuso de autoridad o de forma arbitraria, sino en todo momento fundamentado en un relato fáctico y conforme a una norma de salud pública basada en el informe del centro de emergencias”.
Y concluye: "Por todo ello, procede el sobreseimiento libre de las actuaciones al no ser los hechos constitutivos de delito alguno”.
La jueza arguye que el confinamiento obligatorio "fue una medida fundada" y "atendía al principio de necesidad" dada la situación de contagio masivo que se estaba produciendo, con peligro de la integridad física de personas ajenas a los hechos.
Este auto de archivo de la juez puede ser recurrido por las familias denunciantes ante la instancia superior, que es la Audiencia Provincial. Sigue abierto el caso en el ámbito de lo Contencioso Adminisitrativo por impulso de la fiscalía, que consideró el confinamiento general de todos los adolescentes desproporcionado ya que considera que debería haber afectado a los jóvenes que sí hubieran estado en las fiestas o con contacto directo con algunos de los asistentes o contagiados.
