La Fiscalía pide penas que, en conjunto, suman 490 años y medio de cárcel. Las condenas individuales van desde los cuatro años y medio hasta los 12 años, si bien para la mayoría se piden seis años y cinco meses de prisión. Además, el Ministerio Público pide para ellos multas que van desde 1.200 euros hasta 1,2 millones.
Precisamente, los 72 acusados han sido citados este jueves en la Sección Primera de la Audiencia, donde se ha celebrado una vista previa. Para ello, la Audiencia ha tenido que habilitar tres salas en el Palacio de Justicia para poder acoger a todos los procesados. El público, incluida la prensa, no tenía permitida la entrada.
La vista ha obligado a montar un dispositivo policial de seguridad en las inmediaciones del edificio. Para asegurar un mayor control de la entrada, los agentes han habilitado dos cordones policiales -uno a cada lado de la puerta- mientras los acusados accedían de forma ordenada, pasando por un control de metales. Además, tres de los acusados han sido conducidos desde prisión y un cuarto preso no ha podido acudir por ser positivo en COVID.
Además, uno de los acusados ha increpado a la prensa mientras llegaba y la Policía ha tenido que intervenir. Asimismo, al salir del juzgado, otros de los acusados también han proferido insultos hacia la prensa mientras que otros se han tapado el rostro para evitar que les grabasen. Uno de ellos ha mostrado el trasero frente a las cámaras a modo de insulto.
El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados se dedicaron a la venta de droga durante varios años, hasta que fueron detenidos tras una investigación de la Guardia Civil.
Los investigadores constataron que estas personas, relacionadas con distintos clanes de narcotráfico, se integraban en grupos que operaban tanto dentro de sus propios círculos como en conexiones entre sí.
Así, la Fiscalía señala al Clan de la Carmen, encabezado por la matriarca C.S.H. y su hermana e hijas, y en el que se integraban varios de los acusados, regentaba distintos puntos de venta de cocaína, heroína, marihuana y hachís en Palma.
Según la Fiscalía, varios de sus miembros mantenían contacto con integrantes del Clan de Andújar, asentado en Son Banya, para aprovisionarse de droga. Al frente de este clan sitúa a C.A.M., que daba instrucciones a su mujer desde la cárcel de Palma para dirigir la organización.
Además, la Fiscalía también señala a miembros del Clan de la Eva, el Clan del Moreno, el Clan del Seco y el Clan del Pitillo dentro de esta estructura de contactos.
El fiscal detalla que, con esta red, la actividad de los clanes abarcaba no sólo Palma sino también otros municipios como Inca, Algaida y Marratxí.
Por otra parte, uno de los acusados se enfrenta a un delito de atentado por abalanzarse, durante un registro, contra un agente de la Guardia Civil con un cuchillo, que impactó en el escudo de protección. El sospechoso se refugió en una habitación de la vivienda, de la que finalmente salió esgrimiendo el arma. Finalmente, la Guardia Civil logró reducirlo.
Varios acusados también se enfrentan a una condena adicional por posesión de armas. Se intervino una pistola de nueve milímetros que uno de los acusados había entregado a otro de los procesados antes de huir a Albacete, donde fue detenido. También se hallaron otras armas simuladas de tenencia prohibida en los registros domiciliarios.
