El Ayuntamiento de Llucmajor reclama medidas legislativas efectivas para solucionar la inseguridad e incertidumbre de los trabajadores municipales que se encuentran en una situación de abuso de temporalidad; es decir, que están en situación de interinidad desde hace años y que en virtud del Real Decreto 14/2021 de 6 de julio de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública tendrán que pasar un concurso u oposición antes de que finalice el 2022.
Actualmente, el porcentaje de trabajadores temporales al Ayuntamiento de Llucmajor se sitúa entre el 28% y el 30% y la mayoría de ellos cuentan con más de 20 años de experiencia en la Corporación.
Se trata de perfiles de trabajadores con una edad próxima a la jubilación y con unas dificultades lógicas, dada su edad, que no les permiten poder competir en igualdad de condiciones con los aspirantes más jóvenes que se presenten al procesos selectivos que el Ayuntamiento tiene que convocar obligatoriamente antes del 31 de diciembre de 2022.
La regidora de Hacienda, Economía, Recursos Humanos y Contratación, Pilar Bonet, explica que "por parte del Ayuntamiento, entendemos que el real decreto ley es un avance, pero también que la norma no ofrece garantías suficientes para nuestro personal en abuso de temporalidad. Por eso, y ante la tramitación del proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública, exigimos a todas las administraciones supramunicipales con competencias en la materia que se comprometan a adoptar medidas legislativas que garanticen la estabilidad en la ocupación pública de nuestro personal en abuso de temporalidad".
Bonet pone de manifiesto que, según el decreto en vigor, los trabajadores interinos que opten a ocupar de forma permanente su plaza tendrán que realizar una prueba específica, y desde el Ayuntamiento "defendemos que una de las primeras medidas que se tendrían que tomar tendría que ser la posibilidad de poder puntuar en la fase de méritos los servicios prestados al lugar de trabajo objeto de la convocatoria".
Además, desde el área de Recursos Humanos "estambre trabajando para ofrecer formación en los trabajadores que se encuentren en esta situación y puedan enfrentarse con más garantías a las pruebas".
Por su parte, el alcalde de Llucmajor, Éric Jareño, añade que "esta es una situación ajena al Ayuntamiento en la que se han unido una serie de factores, como la contención del gasto público, que han impuesto criterios restrictivos por la dotación o reposición de plazas de personal". Jareño añade que "antes de la publicación del decreto ya nos pusimos en contacto con todos los organismos implicados para solicitar su colaboración y buscar soluciones ante esta problemática".
En este sentido el alcalde destaca que "tenemos una total empatía con los trabajadores y sus familias y ahora mismo nuestra prioridad es que esta situación tenga el mínimo impacto para todos ellos".