Así lo ha anunciado la regidora de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, en una rueda de prensa en la que ha recordado que la normativa balear prevé sanciones de 3.000 a 30.000 euros para este tipo de prácticas. Las ofertas denunciadas son tanto de particulares como de bancos y agencias inmobiliarias.
Truyol ha detallado el caso de un inmueble de 18 metros cuadrados que se ofertaba como vivienda por 480 euros al mes en Flor de Lis, propiedad de un banco. Esto supone un precio por metro cuadrado que duplica la media de Palma, por lo que la regidora ha denunciado que, además de que se ofrezcan espacios inadecuados, "la precariedad se tenga que pagar a precio de lujo".
Aparte del piso de Flor de Lis, entre los anuncios denunciados hay otros dos de alquiler en Génova y en Calle Manacor, uno de un particular y otro de una inmobiliaria. Entre ellos figura un espacio de 24 metros cuadrados que se ofrece por 600 euros al mes.
Por otro lado hay cuatro infraviviendas denunciadas en régimen de venta, dos de ellas en los apartamentos Pullman --unos antiguos apartamentos turísticos que no tienen cédula de habitabilidad--, uno en Ponent y otro en Playa de Palma. El de los apartamentos Pullman, por ejemplo, es de 24 metros cuadrados y se vende por 125.000 euros. La mayoría de estos anuncios de venta son de inmobiliarios salvo uno, de un particular.
Truyol ha explicado que todas estas supuestas viviendas no reúnen los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad --entre ellos, contar con una superficie mínima útil de 26 metros cuadrados o consideraciones en materia de salubridad, aislamiento, etc.--.
La regidora ha denunciado que los responsables de estos anuncios ilegales "actúan sin escrúpulos" y "se aprovechan de la emergencia habitacional" en Palma y de la "desesperación" de la gente, en una práctica que ha bautizado como "abuso inmobiliario".
La titular de Vivienda de Cort ha aprovechado la rueda de prensa para reivindicar que la nueva ley estatal debe permitir que las administraciones locales limiten el precio de los alquileres. También ha reclamado recibir más financiación para poder ofrecer alternativas de vivienda públicas.
Igualmente, ha apostado por introducir otras medidas para combatir la especulación, como herramientas de protección legal ante los incumplimientos de códigos de buenas prácticas bancarias, programas de mediación del alquiler e incentivos fiscales para movilizar viviendas vacías.
