En una rueda de prensa, el portavoz de la formación, Josep Melià, ha explicado este martes que la propuesta establece una nueva categoría que ha denominado de precio máximo. Esta solución plantea que la iniciativa privada se interese en la construcción de este tipo de casas, que se complementarían con las Viviendas de Protección Oficial del Govern.
En este sentido, la iniciativa lo que plantea es que se puedan construir viviendas en suelo urbano de esta categoría o que se reformen edificios ya existentes para adaptarse a los criterios propuestos por la formación.
Las dimensiones máximas del piso serían de 90 metros cuadrados y el precio unos 1.800 euros por metro cuadrado. De esta forma, el coste total rondaría los 150.000 o los 160.000. Un precios "razonables", según Melià.
Además, la vivienda no se podría vender durante 20 años ni alquilar. Tendría que tener la categoría de vivienda habitual y sólo podrán adquirirla persona que no tengan ninguna propiedad.
El objetivo de la formación, además de "facilitar el acceso a la vivienda", es que la construcción "no se coma más terreno". Por ese motivo, las nuevas construcciones tendrían que hacerse en solares considerados urbanos.
En la misma línea, ha remarcado que es necesario facilitar el cambio de uso turístico de un edificio u hotel, para que así pueda convertirse en un bloque de pisos. Ha criticado que "la regulación del Govern no funciona" y que hace falta "un empujón".
Ha recordado que en Baleares "hay un importante número de hoteles obsoletos que podrían reconvertirse". De esta forma se "reducirían las plazas turísticas y se aumentarían las Viviendas de Protección Oficial".
Por otra parte, El PI ha exigido un cambio en el Sistema de Financiamiento Autonómico, "ya que el actual siempre trata a Baleares de forma injusta". Así, ha reclamado que "lo mejor sería un concierto económico para que las Islas gestionen su propio dinero".
"De esta forma, nosotros recogeríamos el dinero, lo gestionaríamos y decidiríamos la cantidad que enviamos al Estado para la caja de solidaridad. Con el sistema actual estamos sometidos a la arbitrariedad del Gobierno Central y siempre salimos perjudicados", ha concluido
