El conseller Juan ha explicado que, “después de constatar que el Govern balear nos ha dejado solos ante esta problemática, desde el Consell de Ibiza haremos todos los esfuerzos necesarios para parar estas fiestas”, recordando que suponen no tan solo un problema turístico sino de salud puesto que son un foco de transmisión de la COVID-19, sin ningún control sanitario.
Así, después de analizar la compleja situación legislativa y de competencias, una de las cuestiones que se ha puesto encima la mesa es que el número de fiestas que se celebran en viviendas turísticas es residual.
La manera de abordar estas fiestas tendría que ser por medio de la normativa COVID-19, atendiendo al número de personas permitidas en una reunión social, y desde la normativa de actividades, reafirmando así la petición que de manera reiterada se lleva haciendo ante el Govern balear: un cambio legislativo para poder actuar sobre estas fiestas.
Los asistentes a la reunión han coincidido que el mayor problema frente a las fiestas ilegales es la imposibilidad de acceder a las viviendas donde se celebran, incidiendo en que, hoy por hoy, la herramienta de que se dispone para poder pararlas es detectarla antes de que se celebren. Por eso, el conseller Juan ha anunciado que se creará una unidad de investigación para ayudar a los ayuntamientos a detectar estas fiestas antes de que se celebren y poder actuar antes, tal como se hizo la semana pasada por parte del Consell Insular de Ibiza y agentes de la Guardia Civil, cuando se detectó el punto de encuentro de una fiesta en Sant Joan y la presión de los agentes de la Guardia Civil disuadió a los organizadores que disolvieron la fiesta.
Todos los ayuntamientos también han coincidido en la necesidad de refuerzo de personal para poder actuar en el mayor número de fiestas y concentraciones ilegales que se produzcan y también se ha coincidido en la necesidad de que las viviendas turísticas sean consideradas como establecimientos turísticos y, por lo tanto, con categoría de actividad, lo que permitiría poder acceder en caso de que se celebrara una fiesta ilegal, a pesar de que la mayoría de los lugares donde se celebran estas no son viviendas turísticas, como demuestra el hecho que de las 33 denuncias por fiestas ilegales interpuestas en Sant Antoni de Portamany solo 3 correspondían a estancias turísticas.
Juan ha explicado que en Ibiza se necesita “una mayor coordinación y comunicación entre todas las policías y cuerpos de seguridad para combatir esta problemática y desde el Consell continuaremos trabajando para ofrecer toda la ayuda que necesiten”, lamentando que “haya otros políticos que hagan diagnosis erróneas sin ni siquiera haberse sentado a conocer, como estamos haciendo nosotros, que está pasando realmente, qué podemos hacer y dar solucionas reales y efectivas”.
“Desde el Consell haremos lo que sea necesario para acabar con la sensación de impunidad. En Ibiza no todo vale, y puesto que desde el Govern nos han dejado solos, en Ibiza lo tendremos que arreglar solos”, ha concluido Juan, recordando que estamos ante un problema sanitario y de orden público, no turístico.
