La iniciativa ha tenido como objetivo recordar que los procesos selectivos que el ministro Iceta ha propuesto a las comunidades, para poner fin a los empleados públicos en situación de abuso, "no cumple con el objetivo de la directiva europea 1999/ 70/ CE".
Desde la Coordinadora se ha denunciado que el Gobierno ha propuesto modificar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para atajar la situación abusiva de los empleados públicos temporales, mediante la limitación de interinidades a máximo tres años, amortizando las plazas ocupadas por interinos en caso de superar ese plazo. Pero que además, en su propuesta, el Gobierno central insiste en convocar procesos de selección como el concurso-oposición para estabilizar a los temporales.
Ante la sospecha de que en la próxima conferencia sectorial de función público se ratifique la propuesta del Gobierno central, la Coordinadora ha advertido que en el momento en que estos procesos selectivos sean ofertados y, o bien, convocados, se formalizarán querellas contra los responsables de Función Pública y Educación de la Administración Pública de Baleares, el Consell y el Ayuntamiento de Palma, siguiendo el camino de la Plataforma Interinos de Catalunya (PIC). La Coordinadora de Interinos y Temporales de Balears lleva semanas recopilando documentación y pruebas.
En esta línea, interinos y temporales de Balears han recordado que, a día de hoy, ya existen diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han expuesto que estos procesos selectivos no son válidos para sancionar la situación de abuso de la temporalidad en los empleados públicos.
Por ello, la Coordinadora ha advertido que en el momento en que se convoquen los procesos selectivos que el Ministerio plantea, "se volverá a contravenir la normativa y jurisprudencia reiterada de la Unión Europea, no respetando el principio de primacía del Derecho de la Unión y, por ende, el principio de legalidad y jerarquía normativa".
Ante tal situación, ha concluido la Coordinadora de Interinos y Temporales de Balears, "tras realizar numerosas protestas durante este año, reunirse con todos los grupos parlamentarios e intentar que se legislará una sanción acorde a la jurisprudencia comunitaria a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), finalmente inadmitida, de perseverar en la misma postura contraria a lo dictaminado por el Tribunal de Justicia de la UE, se estará obligado a acudir a la vía penal como ya se está haciendo en otras comunidades".
Finalmente la Coordinadora ha presentado en el registro de Delegación de gobierno un escrito dirigido al ministro ICETA.
