El menorquí Marc Pons dejó el Govern para instalarse en Madrid como director del gabinete de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica i Reto Demográfico, Teresa Ribera. Tomó posesión del cargo el eivissenc Jose Marí Ribas, hasta es momento, alcalde de Sant Josep de sa Talaia.
Su conselleria es una de las que ha copado más titulares por una serie de propuestas que, si más no, han sorprendido, por intentar facilitar el acceso a la vivienda, todo un reto en los tiempos que corren.
Así, en julio de 2019, Marc Pons anunció una serie de bonificaciones fiscales para los propietarios que alquilasen sus viviendas vacías a precios asequibles. Una idea que ya figuraba en el plan de actuaciones presentado por el Govern a principios de legislatura.
De hecho, una de las primeras acciones que hizo Josep Marí en este ámbito fue la cesión de 10 pisos al IMAS, organismo dependiente del Consell de Mallorca para destinarlos a la población vulnerable.
En el mes de agosto de 2020, Marc Pons y los suyos tuvieron que sacar las uñas para defender fuertemente el descuento de residente del 75%. La acción reivindicativa surgió después de que un informe de Airef cuestionase la viabilidad de esta bonificación. A día de hoy el descuento no se ha tocado.
En referencia al transporte público, muy criticado por sus taridas, su cobertura y sus frecuencias, a finales del 2020 se apostó por una movilidad más sostenible utilizando gas natural comprimido. Un sistema que irá incorporando progresivamente a toda su flota de vehículos.
Pese a haber presentado un servicio de transporte público y más conexiones con mucha pompa, la idea no ha acabado de gustar. El descontento entre los usuarios por el nuevo sistema tarifario es casi unánime, las peticiones de reuniones para ser atendido y tomados en consideración son tan numerosos como las veces que han recibido calabazas por parte de la Conselleria de Mobilitat.
La cuestión de la vivienda es una de las que más dolores de cabeza ha dado y siguen dando a la Conselleria que fue de Pons y actualmente dirige Marí. El precio por el que se ofrecen los inmuebles está totalmente sobredimensionado, los precios superan en un 20 o incluso en un 30% la valoración real del mercado.
No extraña que en octubre de 2020, Balears figurase como la comunidad que tiene el precio de vivienda más cara de todo el país. Pese al decrecimiento de los precios inmobiliarios a partir de la crisis sanitaria, muchos ciudadanos se vieron con muchas dificultades para conseguir una casa en Balears debido a las elevadas tarifas hipotecarias y de alquiler que se siguen aplicando.
Los problemas de acceso a la vivienda, en marzo de este año, siguen sin solucionarse. Así, desde la Conselleria de Mobilitat i Habitatge se plantearon la expropiación temporal de viviendas vacías para destinarlos a alquiler social, una medida pionera a nivel estatal.
El anuncio de la medida originó un gran descontento dentro del ámbito de los propietarios y del sector inmobiliario y de la construcción, al entender que se trata de una actuación que genera una gran inseguridad jurídica.
Con todo, el mismo mes de marzo de este año se conoció que el Govern disponer de un parque de 1.800 viviendas de propiedad pública, muy inferior a los 8.500 ciudadanos inscritos como demandantes.
Según el Ejecutivo balear, la cifra de inscripciones es relativa, ya que un mismo candidato o una misma familia pueden estar apuntados en diferentes listas. En realidad esto significa que la lista de espera para acceder a viviendas públicas está sobredimensionada.
Paralelamente ya en 2019, pese a la promesa reiterada de construir VPO en Son Busquets, en el centro de Palma, las negociaciones entre Balears y el Estado han quedado enrocadas. Un punto muerto que, dos años después, siguen estando exactamente igual.
En agosto del 2020, nuevos titulares señalaron que el plan de construcción de VPO del Govern no se ha saldado en ninguna finalización del proyecto durante esta legislatura.
La previsión era iniciar el año 2020 diferentes actuaciones: 237 viviendas se encontraban ya en construcción y 279 en fase de tramitación, según datos de aquel mes. Pese a ello, en los últimos meses, tanto el conseller Marí como la presidenta Armengol se han dejado ver en numerosas puestas de primera piedra de promociones oficiales.
Otra de las patatas calientes de la Conselleria d'Habitatge en esta legislatura ha sido la 'okupación', precisamente de viviendas públicas. Ya a finales del 2019 se hablaba del barrio del Camp Redó.
Un hecho que, en la actualidad se ha visto agravado porque los vecinos de la zona han sido desahuciados sin notificación no resolución judicial de viviendas. Las familias afectadas han presentado una denuncia por prevaricación contra el Ibavi.
Además, en Balears figura como la comunidad con mayor número de desahucios de pisos por población. Un hecho que no deja de preocupar. En la isla de Eivissa, a finales del 2020, los titulares de prensa señalaban que todavía no se conocía el futuro del Port de Sant Antoni después de la moratoria que impedía la llegada de embarcaciones con mercancías y vehículos.
Pese a que por aquel entonces el conseller Pons prometió una solución antes de que acabase el año, de momento todavía es una incógnita saber si Sant Antoni podrá recibir en el futuro este tipo de embarcaciones.
Los partidarios del Tren de Llevant tampoco no descansan y siguen reivindicando el proyecto. La actuación consistiría en prolongar la actual línea ferroviaria desde Manacor hasta Artà y Capdepera, era una promesa del Govern del Pacte. La plataforma había interrumpido su actividad reivindicativa, pese a que se ha vuelto a activar.
Con todo, luces y sombras en la gestión de Marc Pons antes, y de Josep Marí en la actualidad, al frente de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Ahora juzguen ustedes mismos que parte de la balanza pesa más...
