Según han informado las tres formaciones a través de una nota de prensa conjunta, el dictamen que se presentará en el Parlament balear constata la legalidad de este recurso, señalando que "es procedente por omisión". Además, el mismo dictamen confirma que el Estado tiene que compensar el factor de insularidad previsto en el Real decreto ley 4/2019 del Régimen Especial de Balears.
"El Consell Consultiu coincide con los argumentos defendidos, que la Constitución y el Estatuto son normas jurídicas de obligado cumplimiento y no declaraciones de intenciones y que 'el Estado no puede no cumplir las leyes'", han apuntado.
El diputado de El PI Josep Melià ha afirmado al respecto que "el Consultiu refirma la tesis de la omisión a pesar que PSOE y Podemos acusaron a quienes defendían esta teoría de no señalar el precepto o preceptos de los presupuestos que se consideraban inconstitucionales".
Melià ha puntualizado que "se tiene que seguir trabajando en esta línea y reivindicar el que por ley corresponde a las Illes, ahora habrá que ver que pasará en el Constitucional pero no hay que desfallecer".
En el mismo sentido, el portavoz de MÉS en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha destacado que "no hay ninguna duda legal que avale la presentación del recurso". Así, Ensenyat entiende que "todo y los intentos para desacreditar esta iniciativa, el Consultiu avala por unanimidad que el recurso es procedente".
Además, según Ensenyat "el dictamen certifica que el REB forma parte del bloque constitucional y por tanto es un reconocimiento claro del factor insular y por tanto de su compensación por parte del Estado".
Por su parte, el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha indicado que el elemento más importante del dictamen es que "el Consell Consultiu plantea que la problemática de la insularidad reciba una protección especial por parte del Tribunal Constitucional (TC), dado que el artículo 138 de la Constitución ya dice que el hecho insular tiene que ser objeto de una atención particular".
Por lo tanto, ha incidido Castells, "se sugiere que el TC podría adaptar su jurisprudencia general sobre la financiación autonómica a la problemática concreta de la insularidad, que dice que es un fenómeno 'especial y único'".
El diputado menorquinista considera que esto es "muy positivo" porque "es lo que se busca con la presentación de este recurso" que el TC "interprete por primera vez en estos años de jurisprudencia constitucional, si el artículo 138 protege o no la financiación de esta comunidad autónoma".
