Esta empezando a ser tendencia: los lunes al mediodía los noticiarios se hacen eco de las fiestas ilegales desmanteladas durante el fin de semana. Cómo si de una sección de caza deportiva se tratara, enumeran el listado de raves y cenas que se fueron de las manos y que se han saldado con una intervención policial.

Y es que el riesgo para la salud está más que claro. No hace falta enumerar por enésima vez la horquilla de peligros que supone estar encerrado en una casa con 10 personas, sin mascarilla, ventilación ni distancia de seguridad. Así, estos peligros se han traducido -a lo largo del pasado año- en leyes y normas que, cuando son vulneradas, permiten la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Resulta fútil tratar de enumerar la lista completa de Leyes, Reales Decretos Ley, Reales Decretos, Disposiciones, Reglamentos Administrativos y Ordenanzas Municipales que se infringen cuando se participa en una fiesta ilegal. La profusión legislativa ha sido enorme en dicho sentido, inconmensurable para la inmensa mayoría de las personas. Por este motivo, pasaremos a referenciar únicamente las vulneraciones de las medidas restrictivas que contienen estas normas.

Así pues, imaginemos un grupo de 4 jóvenes que se van de fiesta a una cueva en medio del bosque. Lejos de las miradas ajenas y sobretodo, lejos de cualquier vecino que, molestado por el ruido, pueda llamar a la policía. Pasan la noche bailando y bebiendo, como solía ser costumbre antes de que todo esto pasara. No obstante, habrían incumplido, por lo pronto, las siguientes restricciones:

-Reuniones Sociales (Solo pueden reunirse hasta 6 personas de 2 grupos de convivencia distintos. Debemos entender que no son convivientes).

-Toque de Queda (No estar en tu domicilio -o en el de tu pareja, entendemos- es una infracción administrativa).

-No llevar mascarilla ni respetar la distancia de seguridad (Otras dos infracciones administrativas que -necesariamente- se producen cuando se llevan a cabo estas actividades).

-Prohibición de acampar (no se trata de una norma relacionada con la Covid-19 pero ahí está, claro).

Si estos jóvenes hubieran celebrado la fiesta en el domicilio de uno de ellos, dentro de un núcleo urbano, habría que añadir a esta lista las infracciones administrativas correspondientes al exceso de decibelios y las molestias a los vecinos.

En suma, todas las infracciones anteriores pueden suponer que les salga cara la fiesta. Si bien se valorarán orientativamente en función de la gravedad de los hechos, no creo que la noche les saliera por menos de 1.000 o 1.500.- Euros. No hablemos ya de los organizadores, a quienes se les podría exigir una cantidad mucho mayor. Si, para colmo, es algo multitudinario y el organizador cobra por ello… podríamos estar hablando de un delito contra la salud pública.

Lo anterior son valoraciones realizadas siempre desde el punto de vista económico. La pura realidad es que no importa la multa o sanción a la que nos expongamos, ¿Cuánto vale una madre? ¿Cuánto vale un abuelo? ¿Vale la pena arriesgarse a ser un factor de rebrote y que, por la irresponsabilidad de unos pocos, acaben sufriendo muchos? Desde luego que no. 

Hay una norma que se infringe a diario. La infringen tanto los que montan fiestas como los que hacen las leyes para sancionarlos. En algún momento la infringimos todos, casi sin excepción: la norma del sentido común.