Precisamente, un contencioso administrativo del GOB originó una batalla judicial que sigue vigente a día de hoy. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears ordenaba hace una década la demolición de una parte del terreno edificado, pero no ha sido hasta ahora que el Ajuntament de Andratx ha iniciado la licitación para derribar estos inmuebles.
Cansados de ser los "malos de la película", los propietarios de los edificios afectados aseguran ser "las víctimas y sufrir las consecuencias, desde hace años, de una guerra política". Miquel Sastre, presidente de la Comunidad de Propietarios, ha denunciado que "la intención de querer derribar las edificaciones se debe a las intenciones de poder construir en su lugar dos chalets de lujo".
Preguntado sobre este extremo, el alcalde de Andratx, Joan Manera, ha asegurado a CANAL4 Televisió que "desde el Consistorio nos limitamos a cumplir órdenes judiciales".